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Bloqueo interno en el Poder Judicial español dificulta renovación de plazas en el Tribunal Supremo
La persistente división interna en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) amenaza con postergar aún más los nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo, un órgano clave donde los cargos son prácticamente vitalicios. Esta situación se produce en un momento crítico, con varias vacantes sin cubrir en el Alto Tribunal.
Foco en la Sala Segunda
La atención se centra especialmente en la Sala Segunda, encargada de juzgar a aforados, como el ex fiscal general del Estado y el exministro José Luis Ábalos. Esta Sala tiene una vacante desde hace casi dos años, correspondiente al turno de juristas, y las perspectivas de una pronta renovación son escasas.
La falta de consenso quedó patente en la reciente Comisión de Calificación, donde se evaluaron a los candidatos. De los 14 aspirantes, solo dos fueron descartados, lo que obligará al pleno a decidir sobre una amplia lista de candidatos.
Vetos y Estrategias
Las negociaciones para cubrir estas plazas aún no han comenzado formalmente, pero ya se vislumbran obstáculos. Vocales conservadores han expresado su veto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Silvina Bacigalupo, una candidata de perfil progresista. Este grupo considera fundamental que una mujer con sensibilidad progresista ocupe esta plaza, dada la composición mayoritariamente masculina y conservadora de la Sala.
El sector de vocales vinculados al PP rechaza la elección de Bacigalupo, argumentando su participación en la redacción del programa del PSOE en 2015 y su parentesco con la actual comisaria europea Teresa Ribera. Su padre, Enrique Bacigalupo, fue magistrado del Tribunal Supremo entre 1987 y 2011.
Esta estrategia recuerda a la empleada meses atrás, cuando se impidió la elección de Ana Ferrer y Pilar Teso para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo. Ambas renunciaron, allanando el camino a candidatos preferidos por el bloque conservador, quienes finalmente fueron apoyados por los progresistas.
Complejo Equilibrio de Fuerzas
La ley exige 13 votos para acceder a una presidencia de Sala del Supremo, lo que implica el acuerdo de consejeros de ambos bloques. El actual CGPJ está dividido a la mitad, con diez vocales progresistas y diez conservadores, además de la presidenta, Isabel Perelló. En este contexto, las fuentes consultadas no esperan un acuerdo hasta bien entrada la primavera.
La dinámica de bloques también se ha visto afectada por el reciente pacto entre la presidenta Perelló y el vocal Carlos Hugo Preciado (Sumar), quienes votaron junto al grupo conservador para modificar la configuración de las comisiones del órgano, otorgando mayor poder a los vocales vinculados al Partido Popular.
Algunos sectores conservadores sugieren que la plaza de la Sala de lo Penal no se cubrirá de forma aislada, sino que se esperará a la jubilación de otros magistrados para realizar una renovación en bloque. Los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado se jubilarán en junio, y Juan Ramón Berdugo en septiembre.
Frente a Bacigalupo, algunos vocales de la derecha judicial ven con buenos ojos la candidatura de Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, quien ha expresado opiniones críticas sobre políticas gubernamentales como la exhumación de Franco, la ley trans, la ley del aborto y la ley de eutanasia.
Aplicación de la Paridad
El sector progresista invoca la ley de paridad, que exige la presencia equilibrada de ambos sexos en los nombramientos en las cúpulas judiciales, para defender la elección de una jurista para la plaza pendiente de la Sala de lo Penal. Actualmente, solo hay tres magistradas en esta Sala, frente a doce hombres.
Esta ley establece que en las designaciones con margen de discrecionalidad se garantizará que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. Sin embargo, la falta de una definición clara de cómo aplicar esta regla ha generado diferentes interpretaciones.
Además de la cuestión de la paridad, la falta de criterios objetivos para adjudicar las plazas es un factor clave en estos bloqueos. Recientemente, se aprobó un nuevo reglamento que refuerza los criterios de mérito, capacidad, igualdad y transparencia, aunque el margen de discrecionalidad sigue siendo amplio.
Además de la plaza en la Sala de lo Penal, el CGPJ también tiene pendiente de adjudicar otra plaza en la Sala de lo Militar. Entre los candidatos se encuentran nombres conocidos como Enrique López, juez y exconsejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso; y José Luis Concepción, expresidente del Tribunal de Justicia de Castilla y León.
También aspira a esta plaza el juez José Ricardo de Prada, uno de los magistrados de la sentencia de la Gürtel. Además, está pendiente la renovación de la presidencia de esa Sala, aunque no se espera debate al haber un único aspirante: el actual titular, Jacobo Barja de Quiroga.
