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Novedades sobre la investigación de la DANA de 2024: Abogado defendió confinamiento ante la jueza
El letrado de la Abogacía, Ignacio Lleó, adscrito a la conselleria de Salomé Pradas, testificó ante la jueza que investiga la DANA del 29 de octubre de 2024, día en que fallecieron 230 personas. Lleó afirmó que avaló sin reservas la opción de confinar a la población, una de las medidas que se debatieron en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
Según fuentes conocedoras de la declaración, Lleó expuso que la normativa sobre emergencias, tanto autonómica como estatal, permitía “practicar confinamientos” y “evacuaciones forzosas”, argumentando que “la protección a la vida está por encima”.
El letrado fue consultado sobre este tema por Ricardo García García, subsecretario de la conselleria. Lleó explicó que la restricción de derechos durante la pandemia de Covid generó dudas, lo que motivó las consultas. Aclaró que, en su opinión, no era necesario un informe de la Abogacía para ordenar desalojos o confinamientos, ya que las leyes de emergencias lo permitían.
Lleó también mencionó que, ante la información de que la presa de Forata estaba a punto de colapsar, trasladó con urgencia la situación a sus superiores debido a la gravedad y la cantidad de población afectada.
El subsecretario le informó sobre la presa a punto de colapsar. Sin embargo, Ignacio Lleó no pudo precisar la cronología exacta de las llamadas realizadas y recibidas. Aseguró no recordar haber hablado con el entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez.
El letrado declaró que “nunca” habló con el jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca. Al ser preguntado sobre si las órdenes de Cuenca a Pradas de “no confinar” se basaban en alguna consulta a la Abogacía de la Generalitat, el testigo respondió que no le constaba que el departamento hubiera contestado en ese sentido.
Reunión burocrática durante la alerta roja
El testigo también fue interrogado sobre el consejo de administración de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) celebrado la mañana del 29 de octubre, una reunión a la que asistieron tanto el secretario autonómico, Emilio Argüeso (investigado en la causa), como el director general, Alberto Martín Moratilla.
“El acta está redactada y elevada a público”, afirmó en referencia al documento.
