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Nuevas Regularizaciones de Migrantes en España: Un Recorrido Histórico
El reciente anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y Podemos para llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular ha revivido el debate sobre la gestión migratoria en España. Se estima que esta medida podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas, lo que la convertiría en la segunda regularización más grande de la historia democrática del país.
Las regularizaciones extraordinarias han sido una práctica recurrente en España desde la década de 1980. A lo largo de los años, se han implementado un total de siete procesos de este tipo, distribuidos entre los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.
Una Ley para Regular la Extranjería
El punto de partida de esta política migratoria se remonta a 1985, durante el primer gobierno del Partido Socialista, con la aprobación de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros. Esta ley sentó las bases para los derechos y deberes de las personas extranjeras en España, extendiendo a este colectivo los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
Antes de esta ley, España carecía de una legislación específica para regular la situación de los extranjeros, con la excepción de un Real Decreto de 1852. La nueva norma permitió regularizar la situación legal de aquellos “insuficientemente documentados” que no estuvieran implicados en actividades contrarias al orden público o la seguridad del Estado, no hubieran sido condenados por delitos graves o carecieran de medios lícitos de vida. En total, se normalizó la situación administrativa de 38.294 personas.
Las Primeras Regularizaciones Extraordinarias
En junio de 1991, durante el tercer mandato de Felipe González, se implementó una primera regularización extraordinaria. El Congreso de los Diputados instó al Gobierno a adoptar medidas para “completar el proceso de regularización” iniciado en 1985. Tras este apoyo mayoritario, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo para regularizar a los inmigrantes en situación irregular que estuvieran trabajando en España. Entre 1991 y 1992, se regularizó la situación de 114.423 migrantes.
En 1996, se llevó a cabo una reforma del Reglamento de ejecución de la ley de 1985, que permitía conceder documentación legal a quienes hubieran sido titulares de un permiso de residencia o de trabajo en alguna ocasión, así como a sus familiares, siempre que hubieran residido en España antes del 1 de enero de ese año. Esta norma entró en vigor con José María Aznar en el gobierno, y se regularizó la situación de 21.294 inmigrantes.
Las Regularizaciones Masivas de Aznar
El gobierno de José María Aznar impulsó un proceso de regularización en las últimas semanas de legislatura, en el año 2000. Se aprobó una Ley Orgánica que establecía que el Gobierno aprobaría un procedimiento para regularizar a los extranjeros que se encontrasen en el país antes del 1 de junio de 1999 y que acreditasen haber solicitado permisos de residencia o trabajo en los últimos tres años o que lo hubieran obtenido.
Esta regularización recibió más de 244.000 solicitudes, de las cuales se aprobaron 163.000 en el año 2000, ampliándose a 36.000 más tras revisarse de oficio los expedientes. Ese mismo año, el gobierno Aznar llevó a cabo un proceso extraordinario al que solo podían acogerse los ciudadanos ecuatorianos, beneficiando a más de 20.000 personas tras un trágico accidente en Lorca en el que fallecieron 12 inmigrantes ecuatorianos.
Este proceso fue superado apenas un año después, con una regularización denominada “por arraigo” que proporcionó documentos a 239.174 extranjeros en España, quienes debían demostrar que se encontraban en el país con anterioridad al 1 de enero de 2001 y acreditar su arraigo. En total, durante los dos gobiernos de Aznar se regularizó la situación de 524.621 inmigrantes no comunitarios.
La Gran “Normalización” de Zapatero
Durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se superaron las regularizaciones extraordinarias previas. Mediante un Real Decreto, el Gobierno sustituyó el Reglamento de la Ley Orgánica que había sido impulsada por el gobierno de Aznar, incluyendo novedades respecto de la acogida de las personas que solicitaban asilo en España e iniciando un “proceso de normalización” de las personas inmigrantes residentes en España en situación irregular.
La norma establecía un plazo para que los empleadores pudieran solicitar autorizaciones iniciales de residencia y trabajo para aquellas personas empadronadas durante más de seis meses, con contratos de trabajo vigentes de seis meses o más y 40 horas semanales. Esta “normalización” generó un total de 691.655 solicitudes, de las que terminaron siendo aprobadas 576.506.
La Iniciativa Popular y el Acuerdo con Podemos
Tras la pandemia de COVID-19, colectivos sociales lanzaron una campaña de recogida de firmas para normalizar la situación de centenares de miles de migrantes en España. La campaña logró recopilar más de 700.000 firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular, que fue bloqueada en el Congreso por los grupos de derecha y los independentistas de Junts.
Ante este bloqueo, se ha desbloqueado la situación tras un acuerdo del Gobierno con Podemos que permitirá evitar la vía parlamentaria. A esta última regularización podrán acogerse tanto solicitantes de asilo como cualquier extranjero que pruebe haber vivido en España un mínimo de cinco meses hasta la fecha tope del 31 de diciembre de 2025. Se estima que la medida podría beneficiar a cerca de medio millón de personas.
