Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
Jueza solicita cotejo de llamadas clave en investigación sobre confinamiento durante la DANA
La jueza que investiga las decisiones tomadas durante la DANA de octubre de 2024 ha solicitado al exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, que aporte voluntariamente la factura de su teléfono móvil. El objetivo es que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) pueda cotejar las llamadas que mantuvo con Álvaro Martínez Ávila, abogado general de la Generalitat, en relación con el posible confinamiento de la población.
La providencia judicial otorga a García Ramírez, actualmente secretario autonómico de Economía, un plazo de cinco días para responder a esta solicitud.
Declaraciones contradictorias
Esta petición se produce tras las declaraciones contradictorias entre García Ramírez y el jefe de la Abogacía de la Generalitat. García Ramírez declaró como testigo el pasado 22 de enero, afirmando que transmitió a la entonces consellera Salomé Pradas, investigada en la causa, que la medida del confinamiento “limita derechos”.
Por otro lado, el jefe de la Abogacía ha manifestado que “nadie” de su departamento se pronunció “en contra” del confinamiento.
Autorización para revisar el teléfono del Abogado General
Además, la jueza ha ordenado que la LAJ coteje una llamada que Martínez Ávila mantuvo con una directora general la tarde del 29 de octubre de 2024, fecha en la que la trágica jornada de la DANA se cobró 230 vidas. Esta llamada se relaciona con las consultas jurídicas sobre el confinamiento, una de las medidas que se debatían en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
Martínez Ávila ha dado su “autorización expresa” para que la Dirección General de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (DGTIC) de la Generalitat remita la factura de sus llamadas del 29 de octubre de 2024, a partir de las 17.00, desde su teléfono corporativo al de Ricardo García, subsecretario de la conselleria que dirigía Salomé Pradas.
