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El Gobierno español destina 300 millones de euros para avalar a propietarios ante impagos de alquiler
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una partida de 300 millones de euros destinada a avalar a los propietarios de viviendas en alquiler frente a posibles impagos por parte de los inquilinos. Esta medida, acordada con Junts hace casi un año, fue anunciada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante su intervención en el Congreso.
Bolaños defendió la necesidad de esta iniciativa, argumentando que el Gobierno es consciente de las dudas y temores que pueden surgir entre los propietarios a la hora de alquilar sus viviendas. Según el ministro, estas inquietudes, a menudo alimentadas por ciertos intereses, no benefician a nadie, ya que impiden que viviendas disponibles salgan al mercado a precios asequibles.
Detalles de la medida
Aunque en diciembre ya se había aprobado un real decreto para regular la cobertura ante posibles impagos, ahora se conoce la dotación económica específica. Esta cobertura está dirigida a propietarios que alquilen sus viviendas a menores de 35 años y a personas en situación de vulnerabilidad, y los precios de los alquileres no podrán superar el índice estatal de referencia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anticipado en enero de 2025 la creación de un sistema de garantías públicas para proteger tanto a propietarios como a inquilinos en el mercado del alquiler asequible. A finales de ese mes, y como resultado de un acuerdo con Junts, se anunció que este aval sería gestionado por las comunidades autónomas.
Compromiso del Gobierno
El Gobierno, a través de Bolaños, ha asegurado que su compromiso con los propietarios de viviendas en alquiler no termina aquí. Se están estudiando diferentes fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección, ya que consideran que no hay justificación para mantener una vivienda vacía cuando podría ser ocupada por una familia.
Esta partida de 300 millones de euros representa un esfuerzo significativo por parte del Ejecutivo para fomentar el alquiler y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios. Esta cantidad supera en un 50% el presupuesto destinado al Bono Alquiler Joven, que ascendía a 200 millones de euros.
