Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
Nuevas Revelaciones en el Escándalo de la Formación Profesional que Afecta al Gobierno de Ayuso
La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la gestión de fondos destinados a la Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid ha dado un giro significativo. La jueza a cargo del caso ha extendido su pesquisa a otros siete institutos, ampliando así el alcance del escándalo que sacude al gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Ampliación de la Investigación a Nuevos Institutos
Inicialmente, el foco de la investigación se centraba en el centro de Formación Profesional Ciudad Escolar, donde se sospechaba que se habían fraccionado obras de reforma para evitar licitaciones públicas, adjudicándolas a dedo por un valor de dos millones de euros.
Ahora, la jueza ha citado a declarar como testigos a los directores de siete institutos adicionales, incluyendo el IES Antonio Machado, el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, el IES Príncipe Felipe, el IES Virgen de la Paloma, el IES Ciudad de los Poetas e IES Tetuán de las Victorias. Esta decisión responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que previamente había señalado una “grosera y palmaria” omisión de los procedimientos de licitación en la contratación de obra pública.
Un Ex Alto Cargo de Ayuso, Bajo Investigación
Además de la citación de los directores de los centros educativos, la jueza ha llamado a declarar como investigado a José María Rodríguez Jiménez, exdirector general de Educación Secundaria y Formación Profesional del anterior gobierno de Ayuso. Rodríguez Jiménez ya había comparecido como testigo en julio, pero ahora su situación legal ha cambiado.
Obras Irregulares y Fraccionamiento de Contratos
La investigación se centra en la posible comisión de delitos relacionados con la contratación pública. Según la ley, las obras cuyo importe supere los 40.000 euros (más IVA) deben ser sometidas a concurso público, un procedimiento que garantiza la transparencia y la libre competencia. Sin embargo, se sospecha que en muchos de estos casos se adjudicaron contratos directamente a constructoras, fraccionando los pagos para evitar los controles de la Intervención.
Un ejemplo de estas prácticas irregulares es el caso del IES Alberto Corazón (Escuela de Arte de Alcalá), donde se habrían realizado obras al margen de la ley. También se ha mencionado el caso del instituto de FP a Distancia Ignacio Ellacuría, donde se habría utilizado un instituto de Móstoles para pagar obras realizadas en Alcorcón.
La Denuncia que Desató el Escándalo
El escándalo salió a la luz gracias a la denuncia de un empresario que había realizado obras en Ciudad Escolar y que no había recibido el pago correspondiente. Tras reclamar sin éxito a los directores del instituto, el empresario envió burofaxes a la Dirección General y se reunió con un asesor de la presidenta Ayuso, quien le prometió solucionar la situación.
La Respuesta de la Consejería de Educación
Tras recibir el burofax del empresario, la Consejería de Educación abrió una investigación interna y encargó a un inspector que entrevistara a funcionarios y al empresario. Al concluir la investigación, se recomendó poner el caso en manos de la justicia, ante la gravedad de los hechos y la posibilidad de que se hubiera cometido un delito.
La Comunidad de Madrid, el PSOE, Más Madrid y el sindicato CCOO se han personado como acusación en la causa.
