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NUEVA REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES APROBADA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL
El Gobierno español ha dado luz verde a una regularización extraordinaria de personas migrantes a través de un real decreto ley. Esta decisión, fruto de un acuerdo con Podemos, se basa en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 600.000 firmas, que había estado bloqueada en el Congreso durante meses.
Detalles del Decreto Ley
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha confirmado que este real decreto pone en marcha “un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas extranjeras que se encuentran en nuestro país”. La tramitación urgente evita el paso por el Congreso, enmarcada en un pacto más amplio. Desde Podemos, Ione Belarra ha señalado que “el partido socialista no da nunca algo a cambio de nada”, pero han usado su “posición de fuerza para conseguir derechos para la gente”.
Reacciones Políticas y Sociales
La medida ha generado controversia.
Vox ha anunciado que recurrirá la decisión, con su portavoz, Peppa Mellán, afirmando que “se trata de un decreto que lleva implícita la rúbrica de Bildu y que es un parche del gobierno que no tiene presupuestos”. Sin embargo, la iniciativa cuenta con el respaldo de casi 900 organizaciones, entre ellas Cáritas y la Conferencia Episcopal. Luis Argüello, presidente de esta última, ha celebrado que las personas que ya trabajaban puedan “iniciar un proceso de regularización” y cotizar al bien común.
El Impacto Personal de la Regularización
La regularización supone un cambio radical para quienes viven en situación irregular. Augustine Ndour, senegalés que regularizó su situación en 2001, ha sido un impulsor clave de la ILP actual.
Ndour describe el cambio como pasar “de la noche al día”, recordando el miedo constante a ser detenido y devuelto a su país de origen. Su experiencia personal le motivó a luchar por los derechos de los demás.
Condiciones y Plazos para la Solicitud
La medida permitirá solicitar un permiso de residencia y trabajo a los extranjeros que demuestren su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y durante al menos cinco meses continuados, además de carecer de antecedentes penales. Se flexibilizará la acreditación de la estancia, no limitándose al padrón, un aspecto valorado como “generoso y relevante” por Gonzalo Fanjul, de la fundación porCausa.
El proceso de solicitud se abrirá a principios de abril y culminará el 30 de junio. La admisión a trámite no podrá superar los 15 días y la resolución final deberá llegar en tres meses.
La presentación de la solicitud suspenderá los procedimientos de retorno u órdenes de expulsión existentes, concediendo una autorización de residencia provisional que permite trabajar legalmente.
El permiso, válido para todo el país y cualquier sector, se extenderá a los hijos menores de edad con una duración de al menos cinco años. Se buscará un procedimiento “ágil y sencillo” a través de las oficinas de la Seguridad Social, delegaciones del Gobierno y por vía telemática.
Refutando el “Efecto Llamada” y el Impacto Económico
Augustine Ndour ha sido tajante frente a las críticas sobre un posible “efecto llamada”, señalando que quienes lleguen después del 31 de diciembre no entrarán en la regulación. Insiste en que la movilidad humana existe con o sin regularizaciones y que es de justicia reconocer derechos y deberes a quienes ya conviven y trabajan en el país.
El economista Miguel Ángel García ha explicado que el mercado laboral español tiene una “gran capacidad de absorción”, con tres de cada cuatro empleos creados recientemente ocupados por inmigrantes. Subraya que “los inmigrantes no quitan el trabajo a los nacionales”, sino que ocupan puestos en sectores como el agrario, el cuidado de personas o la hostelería que los españoles no suelen desear.
Si bien la inmigración es necesaria para cubrir vacantes, García aclara que “no va a resolver el problema de las pensiones”.
El principal reto, a su juicio, es la falta de planificación e integración de los recién llegados para evitar el deterioro de los servicios sociales y el rechazo en la población de acogida.
Desafíos y Perspectivas
Desde los sindicatos policiales como JUPOL, advierten que será “materialmente imposible” para las oficinas de extranjería tramitar la regularización de más de 500.000 personas y alertan sobre la facilidad para falsificar documentos. En contraste, entidades como Cáritas consideran que esta medida es un acto de “justicia” y “responsabilidad ética, política y social”.
