La Economía Social Aragonesa Busca Mayor Apoyo Político Frente a los Macroproyectos

La Economía Social Aragonesa Busca Mayor Apoyo Político Frente a los Macroproyectos
Imagen de archivo: https://www.eldiario.es/

Foto: Archivo – Todos los derechos reservados

La Economía Social Aragonesa Busca Mayor Apoyo Político Frente a los Macroproyectos

En un foro electoral clave, CEPES Aragón ha presentado una hoja de ruta con siete propuestas fundamentales, buscando un mayor compromiso de los partidos políticos aragoneses con la economía social. Este evento se produce en un contexto marcado por debates sobre fiscalidad, vivienda cooperativa y el impacto de los pactos de gobierno.

En medio de un creciente número de anuncios sobre centros de datos y grandes inversiones en Aragón, la economía social ha buscado recordar a los principales partidos políticos su relevancia como un modelo productivo que prioriza a las personas y que no se deslocaliza. Con aproximadamente 23,000 empleos directos y una contribución cercana al 10% del PIB regional, CEPES Aragón ha planteado siete demandas clave para la próxima legislatura, sometiendo a las formaciones políticas a un “examen” sobre su verdadero compromiso con este enfoque económico.

Demandas Clave de la Economía Social

Entre las principales demandas, la patronal de la economía social ha solicitado un fortalecimiento del Plan Aragonés de Impulso al sector, extendiéndolo a través de planes provinciales y locales. También buscan que este modelo se sitúe en el centro de la agenda legislativa, convirtiéndose en un aliado estratégico frente al desafío demográfico. Además, proponen apostar por el emprendimiento colectivo, especialmente en sectores emergentes y tecnológicos, impulsar su papel en las transiciones digital y verde, aplicar de manera efectiva la contratación pública responsable y garantizar la representación del sector en órganos como el Consejo Económico y Social de Aragón.

Durante el encuentro, que contó con la participación de PP, PSOE, CHA, Aragón Existe, IU-Movimiento Sumar y PAR, todas las formaciones coincidieron en reconocer el peso económico y social del sector, aunque con distintos niveles de énfasis. La ausencia de Podemos y Vox fue notoria, especialmente la de este último, considerando su probable influencia en el futuro parlamento aragonés.

Propuestas Específicas de los Partidos

Aragón Existe ha hecho hincapié en la fiscalidad, defendiendo un tratamiento tributario diferenciado para las empresas de economía social, argumentando que su objetivo no es el beneficio individual. El PSOE ha destacado la aprobación de la Ley de Economía Social y el Plan de Impulso durante la pasada legislatura, aunque criticó la falta de aprovechamiento de su potencial. IU-Movimiento Sumar ha resaltado el crecimiento del sector y su contribución a la estabilidad laboral y la cohesión social, proponiendo una dirección general específica de economía social.

Por su parte, el PP ha defendido la economía social como un modelo “complementario” al de la empresa de capital, señalando los incentivos fiscales incluidos en su programa electoral. El PAR ha considerado la economía social como “estratégica” para el desarrollo de Aragón, especialmente en el medio rural, abogando por la simplificación administrativa y el apoyo técnico a los proyectos de emprendimiento colectivo. CHA ha defendido la economía social como base de un modelo productivo “arraigado al territorio” frente a macroproyectos que generan poco retorno social.

Vivienda Colaborativa y Futuro del Sector

Tras la presentación de cada partido, los asistentes plantearon preguntas sobre alternativas de acceso a la vivienda y el desarrollo de la ley del tercer sector. Se debatió sobre la vivienda colaborativa como un modelo en auge que requiere superar resistencias administrativas para facilitar el acceso a la vivienda vinculado a la economía social. El PP ha señalado que la vivienda cooperativa en cesión de uso se está incorporando en la modificación de la Ley de Cooperativas y en la futura Ley de Vivienda.

El debate concluyó con un amplio consenso sobre la necesidad de explorar vías alternativas de acceso a la vivienda y de fortalecer el papel de la economía social en las políticas públicas, aunque con distintos enfoques en el ritmo, los instrumentos y la función de cada administración en su implementación.