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Polémica por la no intervención de la Policía Nacional tras el accidente de Adamuz
Una controversia ha surgido tras revelarse que a 15 agentes de la Policía Nacional se les impidió acudir al lugar del trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, donde fallecieron 45 personas. La información fue dada a conocer por COPE.
La secuencia de los hechos
Según fuentes de COPE, una quincena de agentes de las Unidades de Protección y Respuesta (UPR), que se encontraban prestando servicio en el partido de fútbol Córdoba-Málaga, se movilizaron tras recibir la alerta del accidente a través de la sala del 091.
Los agentes, a bordo de tres vehículos policiales, se dirigieron “a toda prisa hacia Adamuz”.
Sin embargo, a pocos kilómetros de su destino, la jefa provincial de Córdoba les ordenó dar la vuelta, impidiéndoles colaborar en las tareas de rescate.
La justificación de la no intervención
La decisión de frenar a los agentes se tomó tras una comunicación entre mandos. Al parecer, la jefa superior de Córdoba ofreció medios humanos y técnicos a la Subdelegación del Gobierno, pero esta ayuda fue rechazada.
La Subdelegación argumentó que, al tratarse de una zona rural, la competencia correspondía a la Guardia Civil y que se avisaría a la Policía Nacional si fuera necesaria su intervención.
Reacciones políticas
El Partido Popular (PP) ha reaccionado a la información, calificando de “negligencia” la decisión del Gobierno. Cuca Gamarra, portavoz del PP, exigió explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y acusó al Gobierno de “irresponsabilidad”.
Ofensiva parlamentaria del PP
El PP ha anunciado una ofensiva parlamentaria para esclarecer los hechos.
El partido busca respuestas por escrito sobre quién dio la orden de impedir el traslado de los agentes, en qué fundamentos se basó la decisión y si la Dirección General de la Policía fue informada y avaló la orden de retorno.
El PP también cuestionará si se priorizaron criterios competenciales entre cuerpos policiales a la movilización inmediata de todos los recursos disponibles para salvar vidas, si existió un protocolo de coordinación interinstitucional que justificara la negativa a desplegar a la Policía Nacional y si el Gobierno ha abierto una investigación interna para depurar posibles responsabilidades.
