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Reforma de la financiación autonómica: Más solidaridad, cohesión y cooperación
El sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, establecido por la Ley 22/2009, ha quedado obsoleto tras quince años sin revisión, generando desequilibrios y tensiones fiscales. Urge una reforma integral para garantizar equidad, suficiencia y corresponsabilidad fiscal entre territorios.
El debate político actual
El debate sobre la financiación autonómica ha vuelto al centro de la política, lo cual es un avance democrático. Sin embargo, este debate está siendo afectado por cinismo e histeria.
El cinismo se manifiesta cuando se afirma que cualquier reforma debe ser estrictamente multilateral, ignorando que las reformas previas han requerido impulsos bilaterales. Lo que antes se consideraba pragmatismo político ahora se presenta como claudicación.
La histeria se manifiesta en el anticatalanismo, que surge cada vez que Cataluña negocia con el Estado, construyendo un relato de privilegios inexistentes. También se manifiesta en la denuncia de una supuesta ruptura de la igualdad territorial, cuando las propuestas se basan en criterios de población ajustada y en el aumento de la participación de las comunidades en los impuestos estatales.
El fantasma del concierto económico
Se agita el fantasma del “concierto económico para Cataluña”, algo que no está en ningún texto ni proyecto normativo. El concierto económico es un régimen singular que afecta al País Vasco y Navarra, y no forma parte del debate real sobre la financiación autonómica.
En cambio, se debe debatir la introducción de una ordinalidad corregida, como en Alemania, para garantizar que ninguna comunidad vea deteriorada su posición relativa hasta niveles por debajo de la media tras la redistribución. Esto implica preservar un suelo razonable de retorno para las comunidades con mayor capacidad fiscal, sin renunciar a la solidaridad interterritorial.
Armonización fiscal y cohesión territorial
Es necesario avanzar en una armonización fiscal, ya que la competencia fiscal a la baja entre comunidades erosiona la capacidad redistributiva del Estado. Esta cuestión es indispensable para un sistema justo y sostenible.
No se debe mezclar el debate sobre la financiación autonómica con estrategias de desgaste político. Reformar el sistema es una obligación estructural del Estado para corregir desigualdades crecientes.
Un sistema más justo y transparente
La reforma debe fortalecer la cohesión territorial, mejorar los servicios públicos y reforzar la legitimidad democrática del Estado autonómico. Se trata de construir un marco de reglas más justo, transparente y estable, adaptado a los cambios demográficos, económicos y sociales.
Es imprescindible reconocer las realidades territoriales diferenciales, como la fragmentación e insularidad de Baleares y Canarias, los sobrecostes de la ultraperiferia de Canarias, y los desafíos de la despoblación y el envejecimiento en zonas rurales. Atender estas singularidades garantiza que todos dispongan de los recursos necesarios para prestar servicios públicos equivalentes.
España necesita menos ruido y más política, menos histeria y más datos, menos cinismo y más voluntad de acuerdo. La reforma de la financiación autonómica es una condición necesaria para garantizar gobernabilidad, igualdad real y un proyecto común creíble.
