El Congreso ha tumbado el decreto ‘ómnibus’ (RDL 16/2025) con los votos de PP, Vox y Junts. Al quedar anulado, decae gran parte de las medidas previstas para 2026, incluida la prórroga de la moratoria que impedía desahuciar por impago del alquiler a hogares vulnerables, en vigor desde la pandemia de 2020.  

El rechazo del Congreso abre por tanto, la puerta a que los propietarios puedan exigir el pago por los alquileres impagados y solicitar que se levante la prohibición que frenaba los desahucios. 
Los propietarios tienen hasta el 2 de febrero de 2026 para reclamar el dinero que dejaron de recibir por los alquileres. 

Esta decisión se enmarca en la finalización de las ayudas extraordinarias que se implementaron para proteger a los inquilinos vulnerables durante la crisis sanitaria de la COVID-19. 

La moratoria de alquiler permitió que numerosos hogares pudieran aplazar el pago de sus rentas y evitar desahucios en un contexto de elevada incertidumbre económica.

La confirmación del Ejecutivo supone que la deuda acumulada por los inquilinos no se saldaría necesariamente con la renta que figuraba en el contrato original. 

Los propietarios podrían por tanto,  actualizar dichas cuantías pendientes al valor de mercado actual que tenga la vivienda, lo que podría traducirse en un incremento significativo del importe a devolver.

De esta manera, los arrendadores dispondrían de una vía legal para recuperar los alquileres no cobrados, ajustando la reclamación a la realidad actual del mercado inmobiliario.

La medida clarifica el panorama para miles de propietarios afectados por los impagos durante los meses más duros de la pandemia.

Para los inquilinos que mantienen deudas pendientes, esta situación representa un nuevo desafío. La actualización de la deuda a precios de mercado puede complicar la liquidación de los pagos atrasados, sobre todo para aquellos que todavía atraviesan una situación económica precaria como consecuencia de la crisis.

La Administración usa como guía el precio medio del alquiler en la zona donde está la vivienda.

Para fijarlo puede apoyarse en índices oficiales como el SEPARVI o en estudios de portales inmobiliarios. 

Si el alquiler pactado era más bajo que esa media, se compensa solo lo que el propietario dejó de cobrar, no el valor superior. Además, se suman los gastos de la vivienda que el dueño haya tenido que asumir durante ese periodo, según Asval.

La solicitud se hace en la web de la comunidad autónoma, y quienes sean personas físicas pueden enviarla de manera digital o en papel.

Asval aconseja incluir pruebas de que la suspensión del desahucio se debió al Real Decreto-ley 11/2020 o a sus prórrogas.

Además, la compensación solo se puede pedir pasados 3 meses desde el auto de suspensión, que es el tiempo que los Servicios Sociales tienen para ofrecer otra vivienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado por otro lado la aprobación de un real decreto ley para hacer frente a la crisis de la vivienda. 

La nueva normativa, según ha informado la agencia EFE, contendrá tres medidas de carácter urgente con las que el Ejecutivo busca regular el mercado del alquiler.

El plan del Ejecutivo se centra en dos de las modalidades de arrendamiento que más han crecido en los últimos años: el alquiler de temporada y el de habitaciones. 

El Gobierno buscará limitar ambas prácticas para evitar que se utilicen como una vía para eludir las obligaciones de la Ley de Vivienda.

Además, el real decreto ley incluirá una serie de incentivos para aquellos propietarios que decidan no subir el precio del alquiler a sus inquilinos. 

El Gobierno bonificará a los arrendadores que mantengan la renta congelada, una medida con la que se pretende contener la escalada de precios. 

En concreto, será una bonificación fiscal del 100 % en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si incrementaran ese alquiler.