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El Parlament aprueba que los funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad en Cataluña
El Parlament de Cataluña ha dado luz verde a la reforma que otorga a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad, equiparándolos así a los Mossos d’Esquadra. La iniciativa, impulsada por el PSC, ha contado con el respaldo de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana. ERC, Comuns y CUP, por su parte, se opusieron a la medida, presentando una enmienda a la totalidad que fue rechazada, argumentando que se trata de un “retroceso” que no aportará soluciones a los problemas de las cárceles.
La reforma, tramitada mediante lectura única, surge tras el asesinato de Núria López, cocinera de la prisión de Mas d’Enric, a manos de un interno.
Detalles de la Reforma Aprobada
La reforma consiste en un artículo único que reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal funcionario y directivo de los centros penitenciarios que desempeñan funciones de régimen interior. El objetivo, según el texto, es proporcionar “seguridad y protección jurídica” a estos trabajadores. Además, establece la obligación de la Generalitat de indemnizarles en caso de lesiones y daños materiales sufridos en el ejercicio de su trabajo, siempre que no haya dolo o negligencia.
Reacciones de los Partidos
Judit Alcalá, diputada del PSC, defendió la iniciativa como “muy necesaria, rigurosa y profundamente responsable”, argumentando que se basa en la realidad del sistema penitenciario, la experiencia acumulada en los centros y el diálogo constante con los trabajadores.
Francesc de Dalmases, de Junts, señaló que “las cárceles deben ser el espacio donde (los internos) adquieran hábitos y habilidades sociales para insertarse”, y que “los funcionarios son una figura clave en este mapa”.
El diputado del PPC, aunque votó a favor, lamentó que la reforma sea insuficiente, argumentando que, en su estado actual, la cocinera Núria López no habría tenido la condición de agente de la autoridad. También mencionó otros casos, como monitores de talleres o deportivos, que podrían sufrir agresiones sin estar protegidos.
Sergio Macián, diputado de Vox, consideró la reforma poco ambiciosa y abogó por dotar a los trabajadores de armas de coerción. Dirigiéndose al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, le advirtió de que será responsable de las agresiones que sufran los funcionarios si no se toman medidas concretas para mejorar la situación en las cárceles catalanas.
Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, criticó a la izquierda, afirmando que su objetivo no es “dar más bienestar a violadores y ladrones”, sino “mejorar las condiciones laborales y la seguridad de quien custodia y retiene a todos estos malhechores”.
Críticas de ERC, Comuns y CUP
Ana Balsera, de ERC, advirtió de que la reforma no es la solución y que no se trata de enfrentar a funcionarios contra internos. Lamentó que esta “ampliación de poder puede generar más problemas y conflictos que los que pretende resolver”.
Andrés García Berrio, diputado de los Comuns, señaló que “considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad puede tener consecuencias negativas en el día a día de los centros”, afirmando que “hay muchos más riesgos que posibles beneficios”.
Xavier Pellicer, diputado de la CUP, basándose en entidades de derechos humanos, denunció que la medida “sólo generará más impunidad y vulneraciones de derechos” y que “responde únicamente a presiones corporativistas y no aportará ninguna solución a las cárceles catalanas”.
