La directora del instituto Sagasta de Logroño, Rosario Calleja, ha vivido en los últimos meses lo que ella misma define como “un escarnio público injusto”. Todo comenzó a principios de curso, cuando una alumna de primero de Bachillerato Internacional fue impedida de acceder al aula por llevar velo islámico. 

La decisión del centro se basó en una norma interna que prohíbe cubrirse la cabeza con gorras, capuchas o accesorios similares durante las clases. Sin embargo, para la joven, el velo no era una prenda cualquiera, sino una expresión íntima de su fe y su identidad religiosa. 

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Logroño reconoce que el instituto vulneró el derecho fundamental a la libertad religiosa de la alumna, protegido por la Constitución Española.

El fallo condena al Gobierno de La Rioja a indemnizar con 2.000 euros a la estudiante por daños morales. En su resolución, la jueza reconoce que la alumna conocía la norma interna antes de matricularse, pero aun así considera que el centro actuó de manera desproporcionada.

La Consejería de Educación y Empleo ha manifestado que acata y respeta la decisión judicial, dando por cerrado el caso.

Pero el cierre administrativo no ha traído la misma paz a quienes lo vivieron en primera persona. 

Rosario Calleja no ha querido pronunciarse hasta ahora. Habla con serenidad, pero sus palabras destilan un cansancio emocional que va más allá del ámbito profesional.

“Me ha dolido mucho”, reconoce. “No solo por mí, sino por mi familia, por mis amigos y por mis compañeros. Nadie se merece ver su nombre señalado por cumplir con las funciones inherentes al cargo”, añade.

La directora insiste en que su actuación se ha limitado a cumplir las normas aprobadas por el consejo escolar y el claustro de profesores.

“Yo no redacté esa norma ni la impuse de manera personal. Solo la apliqué porque estaba en vigor”, subraya. 

El caso ha reabierto el debate sobre cómo equilibrar la libertad religiosa con la neutralidad de los centros públicos. Según expertos en derecho educativo, no existe una ley estatal que regule el uso del velo islámico en las aulas, por lo que cada centro puede fijar su propio reglamento interno.

Sin embargo, las sentencias judiciales recientes, como esta, marcan un precedente en favor del derecho a la libertad religiosa, siempre que no interfiera en la seguridad o el funcionamiento del centro.

En La Rioja, donde conviven más de 150 nacionalidades y religiones, la educación pública enfrenta el reto de garantizar la igualdad sin imponer uniformidad cultural.

“Obediencia debida y respeto a la justicia”

Calleja deja claro que el instituto acata la sentencia y que no hay ningún tipo de resistencia institucional.

“No se me ocurre plantear que el centro vaya en contra de una decisión judicial. Nosotros enseñamos obediencia debida y respeto a las instituciones. Así lo aplicamos también en este caso”, afirma.

Desde el Sagasta confirman que la medida se aplicará de manera general, cualquier alumna que desee llevar el hiyab podrá hacerlo sin restricciones.

La directora, que lleva más de dos décadas en la educación pública, recuerda que la convivencia en los centros escolares depende de la empatía y el diálogo, no del enfrentamiento.

“Los conflictos se resuelven hablando y escuchando. Pero también defendiendo la profesionalidad de los docentes, que muchas veces quedamos expuestos en medio de debates que nos superan”, señala.   

El episodio del Sagasta es más que una anécdota judicial, refleja los dilemas de una sociedad plural que busca el equilibrio entre la diversidad cultural y las normas comunes.

En palabras de Calleja, “esta experiencia nos obliga a reflexionar sobre cómo educamos en la tolerancia y el respeto, sin renunciar a la autoridad moral de las instituciones”.

La joven alumna, que ahora continúa sus estudios con normalidad, se ha convertido en símbolo involuntario de una reivindicación legítima, poder ejercer su fe sin restricciones. Y Rosario Calleja, por su parte, en ejemplo del precio emocional que a veces conlleva aplicar las normas. 

Más allá del titular judicial, el caso del Sagasta invita a repensar el papel de los colegios como espacios de convivencia. No se trata de vencedores ni vencidos, sino de encontrar puntos de equilibrio entre derechos fundamentales, respeto institucional y libertad personal.

Rosario Calleja lo resume con una frase sencilla, pero contundente, 
“Yo he hecho lo que debía. Pero ojalá todo este proceso sirva para que aprendamos a respetarnos más, también cuando no pensamos igual.”