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Caos en los Juzgados Andaluces por la Nueva Ley de Eficiencia Organizativa
La implementación de la nueva Ley de Eficiencia Organizativa del servicio público de Justicia, en vigor desde el 1 de enero, ha provocado una situación caótica en los juzgados de Andalucía. Según Diego Díaz, delegado de Justicia en CSIF Andalucía, la reforma, que buscaba modernizar la administración, ha resultado contraproducente, exacerbando los problemas de los órganos judiciales ya sobrecargados.
Un Modelo Ineficiente
La reforma sustituye los juzgados independientes por tribunales de instancia colegiados, un modelo que, según CSIF, lejos de ser eficiente, deteriora la atención al ciudadano. Díaz advierte que la nueva estructura está perjudicando a los ciudadanos y ofreciendo una atención de menor calidad, con “muchas incidencias” registradas en el primer mes de funcionamiento.
El sindicato sostiene que, en lugar de agilizar los trámites, la nueva estructura ha deteriorado el servicio público.
Situación Crítica en Violencia de Género
La situación es especialmente grave en jurisdicciones como la de Violencia sobre la Mujer, donde la carga de trabajo ha aumentado entre un 30 y un 35 por ciento tras asumir competencias en delitos sexuales y de trata. CSIF critica que la solución del Ministerio ha sido crear plazas de jueces sin dotarlas del personal de apoyo necesario.
Además, la comarcalización de los juzgados de violencia, que concentra en un solo órgano los casos de varios municipios, genera graves perjuicios a las víctimas.
En Córdoba, por ejemplo, víctimas de Pozoblanco, Lucena o Cabra deben desplazarse más de 75 kilómetros, sufriendo esperas interminables. Esta situación también somete a los trabajadores a jornadas maratonianas, según Díaz.
CSIF lamenta que este modelo organizativo fue impuesto sin diálogo, y que lo único que pudo negociar el sindicato fue un acuerdo para garantizar las condiciones laborales de los funcionarios, evitando traslados forzosos y la amortización de plazas.
Pérdida de Especialización y Fallos Tecnológicos
Otro problema importante es la pérdida de especialización de los funcionarios. Trabajadores con hasta 40 años de experiencia en jurisdicciones como la civil o la laboral han sido reubicados en áreas como la ejecución penal “sin que haya existido una formación adecuada”.
Además del caos organizativo, se suma el colapso recurrente del sistema informático Adriano, la plataforma que centraliza los procedimientos judiciales en Andalucía. Esta “deficiencia estructural” paraliza el trabajo, impidiendo presentar escritos, tramitar expedientes o firmar resoluciones.
Problemas en la Implantación y Fragmentación de Sedes
La fase 3 de la implantación, que afecta a las ocho capitales de provincia andaluzas y a grandes partidos judiciales como Algeciras o Jerez de la Frontera, presenta una mayor complejidad.
En Sevilla, el traslado a la nueva Ciudad de la Justicia de Palmas Altas se está realizando “con mucha deficiencia y sin medios”, con órganos judiciales dispersos por la ciudad.
Esta fragmentación de sedes se repite en otros partidos judiciales como Marbella o Torremolinos, generando un caos logístico. Las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz son las que afrontan mayores problemas, agravados por la singularidad del Campo de Gibraltar y la lucha contra el narcotráfico.
Petición de Prórroga Desoída
A pesar de este escenario, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía desoyó la petición de los sindicatos y otros operadores jurídicos de aplicar una prórroga de seis meses para garantizar la correcta implantación de la ley, una posibilidad que la propia norma contemplaba.
