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Escándalo de viviendas protegidas en Alicante salpica a cargos del PP tras cambio legal
La polémica por la adjudicación de viviendas protegidas a funcionarios del Ayuntamiento de Alicante ha generado controversia en torno a la política del PP en esta materia. La controversia surgió después de que se revelara que la concejala Gómez, los dos hijos de la funcionaria y directora general María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habían adquirido cuatro viviendas protegidas en una promoción de 140 inmuebles con zonas comunes, piscina y pistas de pádel. Tanto la concejala como la directora general han dimitido tras el escándalo político.
Al tratarse de viviendas protegidas, se aplicaron precios tasados por la administración, que en este caso fueron de 2.200 euros el metro cuadrado, lo que resultó en precios de venta de entre 200.000 y 230.000 euros, la mitad del precio de mercado en una zona atractiva como la playa de San Juan.
Una de las preguntas más frecuentes es cómo altos cargos con remuneraciones elevadas (59.000 euros en el caso de la concejala) pudieron acceder a viviendas que se supone que deben ser accesibles para la mayoría. Además de las personas relacionadas con estos cuatro cargos, también fueron adjudicatarios de casas de esta promoción perfiles como trabajadores sanitarios, personas vinculadas con algún cargo autonómico y varios miembros de familias reconocidas.
La respuesta a esta incógnita radica en el cambio legal realizado por el Gobierno valenciano de Carlos Mazón a finales de 2024, que incrementó hasta en 20.000 euros el límite de renta para poder ser adjudicatario de viviendas protegidas. La adjudicación de las 140 casas de Alicante se ha regido por esta normativa, al haber sido visados los contratos por parte de la Conselleria de Vivienda a principios de 2025. Este visado implica la comprobación de que todos los adjudicatarios cumplen los requisitos.
El texto legal aprobado también incrementó en 200 euros, hasta los 2.400 euros, el precio del metro cuadrado de estos inmuebles, y eliminó el carácter permanente de la protección de las viviendas de iniciativa privada, permitiendo que, trascurridos unos años, puedan pasar a ser de renta libre.
Todo se incluyó en el decreto del 10 de diciembre de 2024 de régimen jurídico de las viviendas de protección pública (VPP) de la Comunitat Valenciana, cuyo objetivo es “la aprobación de un nuevo texto normativo regulador de las viviendas de protección pública que sustituya el actualmente vigente, y que permita implementar medidas de fomento de la promoción, construcción y puesta en el mercado de viviendas de protección pública a un precio asequible”.
Un precio asequible que, según la normativa, sitúa las viviendas protegidas de 90 metros cuadrados (medida máxima establecida) con plaza de garaje y trastero en 289.000 euros, IVA incluido, al haber subido el módulo a 2.400 euros el metro cuadrado.
En cuanto a las condiciones para acceder a las viviendas, el principal cambio con respecto al decreto anterior del Gobierno del Botánico, aprobado en mayo de 2023, es que el límite de renta para acceder a viviendas protegidas para la persona, unidad familiar o de convivencia, será de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) referido a 14 pagas. Esto se traduce en un límite de 54.600 euros (46.800 en el decreto de 2023 del Botánico al referirse a 12 pagas). Los límites máximos de renta para acceder a viviendas protegidas pueden llegar a los 66.360 euros, es decir, 7,9 veces el IPREM si se cumplen una serie de condiciones.
Vivienda revisará los contratos
La Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda revisará “todos y cada uno de los expedientes” de adjudicación de la promoción de viviendas sociales ‘Les Naus’ en la Playa de San Juan de Alicante para verificar que los datos aportados en su momento por los compradores son correctos y que no ha habido “manipulación” en el proceso.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consellera, Susana Camarero, ante la situación generada por las viviendas protegidas adjudicadas por la cooperativa promotora del residencial de Alicante.
Ha asegurado que la Generalitat “no tiene ninguna relación con la adjudicación” de esas viviendas, pues es la promotora, en este caso la cooperativa, la que las adjudica y al ser viviendas de protección pública, solicita a la Dirección Territorial de Vivienda “la confirmación de que los compradores cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda” de estas características.
