Cinco años de lucha por la regularización: la intrahistoria del movimiento liderado por migrantes que lo consiguió

España aún asimilaba los efectos del Estado de alarma y el rígido confinamiento decretado durante la pandemia del coronavirus, cuando activistas migrantes se unieron para exigir una solución a la vulnerabilidad de las personas sin papeles.

Esa situación de vulnerabilidad extra sufrida por todas las personas sin papeles a las que el Gobierno de Pedro Sánchez dejó atrás durante la pandemia conformó los primeros pasos de un movimiento que sería bautizado como Regularización YA. Un movimiento autoorganizado y formado únicamente por personas migrantes que se marcó un objetivo: conseguir una regularización extraordinaria para todas las personas que en ese momento vivían en España en situación irregular.

Más de cinco años después, el Consejo de Ministros ha iniciado los primeros trámites de un proceso de regularización amplio con unas condiciones pactadas con el Movimiento Regularización YA, gracias a un acuerdo entre Podemos y el Gobierno.

De ser aprobado bajo los requisitos recogidos en el borrador actual, será el primer proceso de regularización de la historia nacido de un movimiento de base, conformado exclusivamente por personas migrantes.

Durante todo este tiempo, el movimiento ha tenido momentos de auge y declive, pero quienes lo han conformado son activistas antirracistas que también han sufrido los efectos de la política de extranjería, del racismo y de la precariedad ligada a muchos procesos migratorios. Son o fueron empleadas domésticas, manteros, trabajadoras de la hostelería, temporeros en el campo, prostitutas, repartidores… Y, los representantes que han estado en la primera línea, los rostros que hemos visto defender la medida en los medios de comunicación y se han sentado a negociar con formaciones de distinto color político, saben lo que es vivir sin papeles en España: todas ellas han pasado un tiempo en el país en situación irregular.

Edith Espínola, una de las portavoces del movimiento, afirma entre risas: “Lo conseguimos por pesadas”.

“Ha salido por esa insistencia. No íbamos a permitir soltarlo. Éramos muchos y nos quedamos las activistas más pesadas, más tercas, porque creemos que este proceso va a beneficiar no solo la vida de personas que se regularizan, también va a mejorar económicamente todo el país”, añade.

Las primeras reuniones

La pandemia estaba afectando especialmente a las personas sin papeles, muchas trabajaban de forma irregular en los sectores considerados “esenciales”, aquellos que no pararon en el confinamiento, no podrían acceder a ningún tipo de ayuda del plan de choque del Gobierno. Distintos colectivos empezaron a denunciar el abandono de las personas sin papeles. “Entendimos que no podíamos ir cada colectivo por separado y convocamos una reunión”, apunta Espínola.

En marzo de 2014, se convocó una reunión por videollamada. Silvana Cabrera, otra de las portavoces del Movimiento, recuerda conectarse desde su país de origen. “Éramos 80 o 90 personas de colectivos de todo el territorio, muchas sin conocernos, poniendo en común lo que estaba pasando. Éramos riders, gente de la manta, jornaleras, empleadas domésticas, trabajadoras de la hostelería…”.

Había una solución principal para todas esas situaciones que alarmaban a los colectivos reunidos: un proceso de regularización extraordinaria. Sin papeles, continuaría la vulnerabilidad de todas las personas que motivaban sus denuncias. Era su situación de irregularidad la que las excluía del sistema en un momento en que se evidenciaba con aún más crudeza.

Debates internos: migrantes, primera línea

La carta enviada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, rezaba: “Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo”.

Los debates internos entre los distintos colectivos giraban en torno a la importancia de concentrar las portavocías y la labor de incidencia política directa, la primera línea del movimiento, en personas migrantes y racializadas. No sentó bien a todos, principalmente a las organizaciones conformadas por mayoría de personas españolas y blancas.

“Hubo una separación”, reconoce Espínola. “Desde el principio tuvimos claro que el sujeto político tenía que ser la persona migrante. Nos encanta que nos acompañen aliados blancos, pero tenían que entender que tengo voz, tengo unas capacidades, resiliencia, resistencia y reivindicación”, explica la ex trabajadora doméstica.

Una de las seleccionadas para ejercer la portavocía fue Silvana Cabrera. Como trabajadora en la hostelería, representaría a todas las personas migrantes empleadas sin papeles en el sector. Otra de ellas fue Edith Espínola, para poner el cuerpo por todas las empleadas domésticas. Entre ellos también estaban Lamine Sarr, portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona; Seydou Diop, activista senegalés y jornalero en el campo onubense durante años; o Victoria Columba, activista de origen argentino.

La labor de incidencia entonces se centraba en presionar al Gobierno para aprobar la regularización apelando a la pandemia, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cedía. Su entonces ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, se mostró en varias ocasiones en contra de la aprobación de dar los papeles de forma generalizada, e insistía constantemente en hacerlo “caso a caso”.

PNL: obligar a los partidos a posicionarse

Ante la negativa del Gobierno español, el movimiento apuntó hacia el Congreso. Querían entrar en el Parlamento, introducir el tema en agenda y forzar a los partidos políticos a posicionarse sobre su propuesta. La fórmula seleccionada: una Proposición No de Ley (PNL), para empujar a los diputados a debatir sobre la regularización extraordinaria.

En septiembre de 2020, el Congreso rechazó la PNL con votos en contra de PSOE, PP, Vox Ciudadanos y PNV.

Recogida de firmas: ILP

Tras un tiempo para recolocar su estrategia, volvieron a intentar regresar al Congreso. Querían hacerlo por la puerta grande, pese al descenso de manos en la plataforma. “Decidimos ir a por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), el único mecanismo que teníamos de democracia directa”, dice Cabrera.

Para conseguir presentar su propuesta legislativa de regularización extraordinaria como colectivo social debían recolectar más de 500.000 firmas. La recogida de rúbricas se sostuvo casi exclusivamente sobre el trabajo militante de personas migrantes y racializadas, muchas de ellas en situación administrativa irregular.

En la calle, el desgaste fue constante. Las dificultades y la violencia eran contrarrestadas con otras muchas respuestas de apoyo. Todo se hizo sin apenas recursos: “No había presupuesto, era gente dejando su vida personal y laboral”, subraya Ana Gutiérrez Fajardo, activista ecuatoriana y miembro del movimiento desde la retaguardia.

La entrega de las firmas en el Congreso se vivió como un punto de inflexión. Más de 600.000 apoyos avalaron una reivindicación impulsada desde abajo.

El debate en el Congreso y la sorpresa del PP

Una vez registrada en el Congreso, llegó el momento de defenderla. Parte de las mismas personas que habían recorrido distintos puntos de España para recoger firmas se sentaron frente a los diputados de todas las formaciones para explicar con datos, argumentos y desde la propia experiencia por qué era importante su respaldo a la regularización.

El 9 de abril de 2024, el día de la votación de la toma en consideración de la iniciativa, el Congreso aprobó la propuesta.

“Nos abrazamos, lloramos, estábamos en shock porque no podíamos creer que avanzaba”, dice Cabrera. Edith recuerda estar en los pasillos del Congreso atendiendo una entrevista con una radio estatal cuando escuchó la ovación. Salió corriendo a encontrarse con sus compañeras. “Fue un día de felicidad absoluta”, resume la paraguaya.

Bloqueo y nuevo plan

La alegría se vio pronto ensombrecida. La ILP quedó atrapada en un limbo político. Durante meses, apenas había novedades mientras el texto cogía polvo en un cajón.

La necesidad de salvar la medida llevó al movimiento a replantear su estrategia. Ante el fracaso del consenso parlamentario, Regularización YA apostó por un nuevo objetivo: la medida podía aprobarse por decreto, sin necesidad de tener la luz verde del Congreso, por lo que se centraron en encontrar una fórmula para convencer al Gobierno.

A partir de diciembre de 2025 todo se aceleró, confirman varios miembros de Regularización YA: “Fueron semanas revisando borradores, muchas horas… no tenemos un equipo jurídico, tiramos de alianzas, de abogadas de extranjería, de conocimientos colectivos”, recuerda la activista boliviana.

“Ya está”

“Cuando Junts y el PP pasaron a estar en la misma línea política contra la inmigración, cuando no había posibilidad para el consenso, vimos la oportunidad de llevar la regularización por Real Decreto. Fue un trabajo brutal, pero entendimos que era la última oportunidad, la única manera de garantizar que saliera adelante”, dice Cabrera.

En las últimas semanas, el intercambio de borradores fue constante, hasta alcanzar la regularización con garantías por la que apostaban.

Victoria Columba, otra de las portavoces del movimiento, anunció a sus compañeras: “Ya está. Va a salir”.

Esa noche, Ana Fajardo, en Valencia, no podía dormir. “No podía dormir, tenía la cabeza dando vueltas… pensando en cada una de las personas migrantes que conozco a las que le iba a beneficiar. En cómo les iba a cambiar la vida esto. Les habíamos dicho que iba a salir, y por fin era real”, recuerda.

Al día siguiente, las portavoces dieron una rueda de prensa mientras la ministra de Migraciones, Elma Saiz, anunciaba tras el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de la ansiada regularización de migrantes.

Saben que su trabajo aún no ha acabado. La normativa aún no se ha aprobado y podría llegar a cambiar alguno de sus aspectos durante los trámites pendientes o la revisión del Ministerio del Interior. También se preparan para su puesta en práctica, para intentar que llegue a todas aquellas personas que cumplan los requisitos y, que ahora sí, nadie se quede atrás. “Estaremos vigilantes. Seguiremos siendo pesadas”, concluye Espínola.