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Matrimonios forzados en España: Un drama silenciado que exige atención urgente
El asesinato en 2022 de las hermanas Aruj y Anesa Habas, residentes en Tarrasa, Barcelona, puso de manifiesto la cruda realidad de los matrimonios forzados. Ambas jóvenes, de 21 y 24 años, fueron engañadas para viajar a Pakistán, donde su propio hermano las asesinó con el consentimiento de su padre. Su “delito” fue desear divorciarse de los hombres con los que habían sido obligadas a casarse.
Este caso, lejos de ser aislado, representa un problema global que también se manifiesta en España. La ONU estima que uno de cada cinco niños en el mundo está en riesgo de matrimonio forzado, y cada año 12 millones de niñas son casadas antes de alcanzar la mayoría de edad.
La invisibilidad del problema en España
A pesar de la presencia en España de comunidades originarias de países donde esta práctica está arraigada, el problema a menudo pasa desapercibido.
María Izquierdo, socióloga y responsable del proyecto No Acepto, subraya la “falsa percepción de que esto no pasa aquí”. La falta de datos oficiales contribuye a esta invisibilidad. Izquierdo explica que “no hay datos estatales, no se registra de una forma específica, y muchas veces se confunden con otros tipos de violencia”, lo que genera una “sensación de inexistencia que no es real”.
La Red No Acepto: Un esfuerzo contra el silencio
Ante la falta de un registro oficial y la consiguiente vulnerabilidad de las víctimas, un grupo de profesionales ha impulsado la red No Acepto, un proyecto de la Federación de Mujeres Progresistas. Esta red, que nació en 2018, busca visibilizar esta forma de violencia de género y mejorar la respuesta institucional, que actualmente es insuficiente y desigual.
Izquierdo insiste en que el caso de las hermanas de Tarrasa fue un duro recordatorio que “visibilizó una violencia que muchas veces no queremos ver, y nos recordó también que los matrimonios forzados no son algo lejano ni excepcional, sino que ocurren aquí, en nuestras ciudades”.
Disparidad en la protección y la necesidad de un protocolo estatal
Mientras que comunidades como Cataluña y Navarra han desarrollado protocolos y unidades especiales para abordar estos casos, el resto de España carece de herramientas similares.
Los Mossos d’Esquadra, por ejemplo, contabilizaron ocho matrimonios forzados solo en 2023, seis de ellos con menores. Izquierdo lamenta que “si cambias de comunidad, pues la protección cambia”. Por ello, la red No Acepto exige un protocolo estatal que “garantice una respuesta homogénea en todo el territorio”.
Rompiendo estereotipos
La experta también destaca que los matrimonios forzados no se limitan a países musulmanes, sino que también son comunes en India o China. Además, muchas víctimas son españolas nacidas en el país.
Izquierdo enfatiza que los matrimonios forzados “no son una cuestión cultural, sino que es una cuestión de derechos humanos”.
Detección temprana y denuncia
Aunque muchas uniones se producen durante viajes al país de origen de la familia, también se celebran matrimonios forzosos en España. La clave es la falta de consentimiento, especialmente en el caso de los menores de edad, cuya unión siempre se considera forzada. El problema radica en que los casos “se detectan tarde, cuando la unión ya se ha producido o cuando la víctima intenta escapar”.
El ámbito educativo es fundamental para la detección temprana. Cambios bruscos de comportamiento, abandono escolar, viajes inesperados, comentarios sobre bodas impuestas o un control familiar extremo son señales de riesgo.
Ante la sospecha, la denuncia es la primera vía de actuación. “A la policía siempre se puede denunciar, porque está tipificado como un delito en el Código Penal español”, concluye Izquierdo.
La red No Acepto ofrece un acompañamiento integral a las víctimas, supliendo las carencias institucionales y luchando para que ninguna otra mujer o niña sufra un destino impuesto.
