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ESCÁNDALO DE LA FP EN MADRID: LA INVESTIGACIÓN SE ACERCA AL NÚCLEO DURO DE AYUSO
Un escándalo relacionado con la construcción de centros de Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid está salpicando al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con dos altos cargos implicados y testimonios que apuntan a su círculo más cercano.
El origen del caso: un burofax y una obra fantasma
Todo comenzó con un burofax enviado en 2023 por el constructor Gabriel Navarro a la Consejería de Educación, reclamando 1,6 millones de euros adeudados por la construcción de un edificio para prácticas sanitarias en el complejo público Ciudad Escolar. Esta obra, realizada en 2021 con un presupuesto de 2,5 millones de euros, se había financiado de manera irregular, con pagos provenientes de varios institutos y facturas fraccionadas.
La Consejería de Educación, actualmente dirigida por Emilio Viciana, descubrió que la deuda no estaba registrada, al igual que la obra, que se había realizado sin concurso público y sin pasar por los controles económicos habituales.
La investigación y el núcleo duro de Ayuso
Ante la gravedad de la situación, Viciana abrió una inspección y denunció los hechos a la Fiscalía en marzo de 2024. El caso afecta directamente al círculo cercano de la presidenta Ayuso, ya que durante los años en que ocurrieron los hechos (2021-2023), el consejero de Educación era Enrique Ossorio, mano derecha de Ayuso y actual presidente de la Asamblea de Madrid. Su número dos, Rocío Albert, actual consejera de Economía y Hacienda, también estaba al frente de la política educativa de la región.
La investigación judicial, iniciada en octubre de 2024 tras una denuncia de Podemos, sugiere que el sistema irregular de construcción y reforma de centros de FP podría haber sido instaurado a un nivel superior al inicialmente señalado por la Consejería.
Delito de prevaricación administrativa
El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid investiga si se cometió un delito de prevaricación administrativa, indagando el origen de la orden de construir y reformar centros de FP mediante el fraccionamiento de facturas y la adjudicación directa de los trabajos, en lugar de realizar licitaciones públicas.
La Fiscalía considera que la omisión del procedimiento administrativo fue “grosera y palmaria” y que fue orquestada por personas con mayor responsabilidad que los directores de los centros educativos. El sistema consistía en realizar contratos menores para evitar superar el límite de 40.000 euros que obliga a licitar, y los pagos se realizaban a través de varios centros educativos.
Más centros bajo sospecha y un alto cargo imputado
La jueza ha ampliado la investigación a otros siete centros de FP y ha citado a sus directores como testigos. Además, ha llamado a declarar como investigado a José María Rodríguez, quien fuera director general de Educación Secundaria hasta 2023.
Aunque Rodríguez declaró como testigo en julio del año pasado negando su responsabilidad, su número dos en la Consejería, José María Serrano, informó a la jueza que había advertido por correo electrónico sobre la ilegalidad de las obras en Ciudad Escolar.
Un director general en el punto de mira
Jorge Elías de la Peña, actual director general de Educación Concertada, también se encuentra en el foco de la polémica. En 2022, como director del Área Territorial Este, supervisó la construcción de la Escuela de Arte Alcalá, uno de los centros investigados por la jueza. Esta remodelación, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, se realizó de manera irregular, fraccionando facturas y realizando pagos a través de otros centros educativos.
De la Peña visitó personalmente las obras e intercambió correos con el constructor, incluso cuando ya era director general de Educación Concertada. En febrero de 2022, declaró en una entrevista que la escuela era “una gran noticia para la ciudad de Alcalá y para la educación, en general, de la Comunidad de Madrid”.
Fuentes conocedoras del funcionamiento de la Consejería señalan que la construcción de una escuela desde cero en seis meses es imposible siguiendo los procedimientos legales. Además, la Consejería debió conocer la obra y sus irregularidades para otorgar los permisos y licencias necesarios.
Órdenes desde la cúpula
La investigación apunta a una posible responsabilidad más arriba de los directores, investigando quién dio las órdenes para llevar a cabo un procedimiento que parece concertado por personas con capacidad para manejar presupuestos. Alfonso Mateos, el ex subdirector de FP señalado como responsable, también apuntó a la cúpula de la Consejería en su declaración ante la jueza.
Reparto de millones en una hoja
Mateos declaró que se utilizaba dinero destinado a gastos extraordinarios para realizar obras fuera de la ley. Según su testimonio, existía un excedente de 6 millones de euros que debía gastarse al 100% a final de año. Las memorias que justificaban el reparto de estos fondos, elaboradas por Mateos, fueron cuestionadas por la jueza y la Fiscalía por su falta de argumentación y la aparente arbitrariedad en la distribución de los fondos públicos.
Según Mateos, el reparto llegaba hasta el consejero Ossorio, quien firmaba la aprobación del gasto tras la presentación de las memorias por parte del director general.
Aumento de la FP tras la pandemia
Algunas fuentes señalan que la necesidad de ampliar y construir centros de FP rápidamente se debió al aumento de la demanda tras la pandemia. En Madrid, el número de alumnos ha aumentado un 25% en los últimos cinco años, superando los 150.000 estudiantes. La UE y el Gobierno de España financiaron con 525 millones de euros a la Comunidad de Madrid entre 2020 y 2023 para la implantación de ciclos formativos.
La Consejería se defiende
La Consejería de Educación no ha respondido a las preguntas sobre la implicación de sus altos cargos y la ampliación de la investigación judicial, pero ha recordado que fue la propia Consejería la que denunció las presuntas irregularidades a la Fiscalía y que está colaborando con las autoridades judiciales. La Comunidad de Madrid se ha personado como perjudicada en el caso.
Además de Podemos, denunciante inicial, también están personados en el caso el PSOE, Más Madrid y el sindicato CCOO.
