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Nuevas tensiones en el caso contra el exfiscal García Ortiz por las costas judiciales
La controversia en torno al caso contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha escalado tras su condena. Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado ante el Tribunal Supremo una solicitud para que García Ortiz abone cerca de 65.000 euros en concepto de costas judiciales, correspondientes a los honorarios de su abogado durante el proceso.
Esta petición, según informa el periódico El Mundo, cuadruplica la condena impuesta por el Tribunal Supremo a García Ortiz, que incluía una multa y una indemnización, tras ser hallado responsable de la filtración a la prensa de un correo electrónico donde González Amador admitía un fraude fiscal.
El Supremo condenó a García Ortiz por la filtración
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, aunque con dos magistradas en contra, determinó que García Ortiz era responsable de la filtración, imponiéndole una condena de dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general, además de sanciones económicas.
Estas sanciones consistían en una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por los daños derivados de la filtración. Estas cifras son significativamente inferiores a los 300.000 euros que solicitaba la pareja de Ayuso como resarcimiento, así como a la multa de 108.000 euros que también había pedido.
Disconformidad con la cantidad solicitada
El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz a pagar las costas de la acusación particular y la mitad de las restantes. Ahora, el abogado de González Amador ha presentado al Tribunal Supremo una liquidación de honorarios que asciende a 64.778 euros. La determinación final de la cantidad recaerá en la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuya decisión podrá ser recurrida por ambas partes.
Fuentes cercanas al exfiscal general consideran que la cantidad exigida es desmesurada, especialmente si se tiene en cuenta que las responsabilidades económicas establecidas por el Tribunal Supremo fueron considerablemente inferiores a las solicitadas por González Amador. Los jueces ya habían considerado desproporcionadas sus peticiones de condena, incluida la de cuatro años de prisión, reduciendo la pena a dos años de inhabilitación.
El Tribunal Supremo deberá ahora examinar detalladamente los gastos presentados por el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
