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Novedades en el Caso de la Pareja de Ayuso: Diez Días para la Defensa ante Posibles Penas de Cárcel
El proceso judicial contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanza con la concesión de un plazo de diez días para que su defensa responda a las acusaciones presentadas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular. Estas partes solicitan diversas penas de prisión por presuntos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos.
El juez Antonio Viejo, al frente del Juzgado de Instrucción número 19, ha emitido esta diligencia de ordenación, fechada el 26 de enero, en la que se advierte que, en caso de no presentar los escritos de defensa en el plazo estipulado, se entenderá que González Amador y los otros cuatro acusados se oponen a las acusaciones, continuando el procedimiento su curso.
Solicitudes de Pena de Prisión
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitan una pena de 3 años y 9 meses de cárcel, además de una multa, para Alberto González Amador, acusándolo de defraudar 350.951 euros a la Agencia Tributaria en los impuestos de sociedades de 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas. Por su parte, la acusación popular, ejercida por el PSOE y Más Madrid, eleva la petición a cinco años de cárcel, aunque no pueden pronunciarse sobre los delitos fiscales al estar estos cometidos contra la Hacienda Pública.
El juzgado ya ha dictado auto de apertura de juicio oral contra González Amador y el resto de acusados, lo que les sitúa irremediablemente en el banquillo. No obstante, la fecha del juicio aún no se ha fijado y se espera que se retrase varios meses, pudiendo incluso celebrarse en 2027. La cuantía defraudada indica que el juicio debe celebrarse en un Juzgado de lo Penal, conocido por la acumulación de casos y los consiguientes retrasos.
Investigación Paralela por Corrupción en los Negocios
Paralelamente al caso de fraude fiscal, el mismo juzgado mantiene abierta una pieza separada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Esta investigación se centra en un posible pago encubierto de una comisión por parte de González Amador a Fernando Camino, directivo de Quirón. Se investiga si Camino, desde otra empresa, facilitó la compra de material sanitario a una sociedad que previamente había acordado con González Amador una elevada comisión. Para ocultar el reparto de las ganancias, González Amador habría comprado por un precio excesivo una sociedad sin apenas valor a la esposa del directivo de Quirón.
Se estima que González Amador obtuvo casi 2 millones de euros con esta operación, que consistió en poner en contacto a dos empresas españolas. Esta comisión supuso un importante impulso en su carrera empresarial, pero la posterior investigación fiscal destapó el caso.
Un día después de que el juez Viejo concediera el plazo a la defensa para presentar su escrito en el caso de fraude fiscal, la acusación popular presentó dos peticiones para agilizar ambos procedimientos. Estas peticiones fueron presentadas antes de que se les notificara la decisión del juez.
La anterior magistrada del caso, Inmaculada Iglesias, implicó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación del pago encubierto de la comisión, pero los agentes no comenzaron a trabajar hasta noviembre debido a retrasos en la recepción de la documentación. La jubilación de la jueza Iglesias en verano también provocó un retraso en la instrucción, y el atestado de la UCO aún está en elaboración.
