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Polémica en Cádiz por la retirada de pertenencias a personas sin hogar
El Ayuntamiento de Cádiz se encuentra en el centro de la polémica tras ser acusado por el Comité de Empresa de la UTE Infraestructura Verde Cádiz, encargada del mantenimiento de parques y jardines, de aplicar un “protocolo inhumano” que consiste en la retirada de mantas y otras pertenencias a personas sin hogar, especialmente durante el invierno.
Un protocolo de actuación cuestionado
Según el comunicado emitido por el comité, este protocolo, denominado internamente como “protocolo de actuación para la limpieza de zonas verdes en lugares donde pernoctan personas sin hogar”, se ha estado implementando de manera sistemática durante más de un año, siendo calificado como “insensible e inhumano”.
La mecánica, según la denuncia, implica que cada mañana, exceptuando los lunes, dos trabajadores del servicio de jardines acompañan a la Policía Local en el desalojo de los 16 asentamientos donde pernoctan personas sin hogar en la ciudad.
Desalojo y destrucción de enseres
Mientras los agentes despiertan a las personas y les ordenan abandonar el lugar, los jardineros proceden a retirar mantas, ropas, cartones, mochilas y cualquier objeto que las personas utilizan para sobrevivir. Estos enseres son posteriormente cargados en un vehículo eléctrico y transportados al Punto Limpio de la ciudad para su destrucción, todo ello, según el comité, sin ofrecer ninguna alternativa habitacional a las personas afectadas.
El comité denuncia que estas tareas no están relacionadas con la limpieza de jardines, sino que constituyen un mecanismo para “dispersar y eliminar los rastros visibles de la pobreza”.
Además, señalan que los pliegos técnicos del contrato no contemplan estas funciones y que el personal no está capacitado ni tiene la obligación de participar en desalojos policiales.
Presiones y sanciones a trabajadores
Los representantes sindicales denuncian que el Ayuntamiento y la UTE Infraestructura Verde Cádiz están presionando y sancionando a los trabajadores que se niegan a ejecutar estas órdenes, argumentando que “rechazar una instrucción que vulnera los derechos humanos no puede considerarse falta disciplinaria”.
Críticas de relatores de la ONU
La denuncia también hace referencia a las advertencias de relatores de Naciones Unidas, como Balakrishnan Rajagopal y Gehad Madi, quienes señalan que desalojar a personas sin hogar sin ofrecer refugio constituye un “trato cruel, inhumano o degradante” y viola el derecho internacional.
Petición de anulación del protocolo
El comité exige la anulación inmediata del protocolo y su sustitución por programas de atención social y refugio permanente, con personal especializado y sin intervención policial, argumentando que la ciudad “no puede presumir de políticas sociales mientras permite prácticas que atentan contra la dignidad humana”. El documento califica el protocolo como “ilegal e inhumano” y lo considera una “vergüenza institucional”.
