El acceso a la vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos para los residentes de la Marina Alta. En municipios como Dénia y Calp, los precios se han disparado hasta volverse inasumibles para jóvenes y familias trabajadoras, cuyos sueldos no crecen al mismo ritmo. La representante del sector inmobiliario, Alba López, señala que “los precios han subido mucho en los últimos años, pero lo que no suben son los sueldos”. Esta brecha ha provocado que el alquiler de habitaciones por hasta 450 euros sea una solución provisional cada vez más extendida.

Uno de los factores clave que explican esta escalada de precios es la fuerte demanda de compradores extranjeros.

Según explica Alba López, estos clientes “tienen sueldos más altos, tienen más poder adquisitivo, tienen una renta muchísimo más alta que la que tiene aquí una persona española”. Esta situación genera una gran diferencia en la capacidad de compra, provocando que los residentes locales no puedan competir por una vivienda de calidad en su propia tierra.

La escasez de oferta en el mercado de alquiler a largo plazo es otro de los grandes problemas. La portavoz de Somos Calpe, Rebeca Merchán, argumenta que la inseguridad jurídica disuade a muchos propietarios. El miedo a situaciones de impago o a la ocupación ilegal les empuja hacia el alquiler turístico o el alquiler por habitaciones.

Merchán asegura que si el propietario “tuviera un poquito más de seguridad jurídica, quizás miraría también por tener su apartamento con un alquiler a largo plazo”. En la misma línea, López pide “proteger más al propietario que al inquilino” para que más viviendas salgan al mercado.

Desde los ayuntamientos se impulsan pequeñas medidas. En Calp, según Rebeca Merchán, se ha creado una mesa de trabajo que ha paralizado la conversión de locales comerciales en viviendas turísticas y estudia vías de colaboración público-privada. Esta fórmula permitiría al consistorio ofrecer suelo público a cambio de que un promotor destine una parte de las nuevas viviendas a alquiler social.

Sin embargo, los ponentes coinciden en que la solución definitiva debe llegar desde el Gobierno central. “Es un problema de fondo que tenemos que atajar y se tiene que atajar desde Madrid”, afirma Merchán.

La crisis se refleja en experiencias personales como la de Keniya, una joven que tuvo que pagar 400 euros por una habitación mientras estudiaba, una cifra que califica de “inhumana” para un estudiante que debe compatibilizar trabajo y formación. Su familia también sufrió un intento de subida ilegal del alquiler por parte de su casero, que pretendía elevar la renta de 700 a casi 1.000 euros por un piso de 50 metros cuadrados. Prácticas como realizar subastas entre interesados para alquilar un piso se han vuelto habituales, reflejando la desesperación de la demanda.