El Gobierno ha aprobado una regularización extraordinaria de migrantes con el objetivo de “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad existente”. La decisión, que sigue la senda de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas y una mayoría de 310 votos en el Congreso, busca reconocer y dignificar a las personas que ya residen en el país.
Esta medida pretende ofrecer una oportunidad a las personas extranjeras que ya se encuentran en España, para que puedan vivir con igualdad de derechos y oportunidades.
Belén
Santamaría, responsable de sensibilización de Cáritas Diocesana de
Salamanca, nos cuenta que la entidad ha recabado más de 400 firmas
para avalar esta Iniciativa Legislativa Popular.
La experta valora esta medida con optimismo.
El proyecto establece requisitos claros, como acreditar la estancia continuada en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. Para los solicitantes de protección internacional, se deberá demostrar la presentación de la solicitud antes de dicha fecha.
Se espera que el proceso de solicitudes se inicie a principios de abril y esté abierto hasta el 30 de junio de 2026.
Santamaría niega que la medida vaya a provocar un “efecto llamada”, ya que se establece un marco temporal claro y un plazo de solicitudes cerrado. Argumenta que la irregularidad es el principal negocio de las mafias.
Actualmente, el 95% de los migrantes llegan por vías regulares y las llegadas irregulares a las costas se han reducido más de un 40% en 2025.
La evidencia empírica de procesos anteriores, como la regularización de 2005, muestra efectos positivos en la integración laboral y la recaudación fiscal, sin generar un aumento de llegadas.
La autorización de residencia habilitará automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector, con una vigencia inicial de un año. El objetivo es reconocer derechos y facilitar una integración laboral plena y digna para personas que ya trabajan en sectores esenciales como los cuidados, la agricultura o la hostelería.
Los datos avalan la importancia de la población migrante en la economía.
El año 2025 cerró con más de 3,1 millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, una cifra récord que representa el 14,1% de los cotizantes. Además, el 75% de los nuevos autónomos en 2025 fueron de origen extranjero.
Desde la última reforma laboral, hay 800.000 afiliados extranjeros más en España.
Este colectivo sostiene el empleo y refuerza el sistema de pensiones, por lo que desde Cáritas Diocesana consideran que su contribución es clave para sostener nuestra economía.
