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Podemos recurre el archivo de la causa sobre contratos sanitarios a dedo en Andalucía
Podemos ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra el archivo de la investigación sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas. Esta era la primera de las tres investigaciones que afectan al Gobierno de Juan Manuel Moreno por presuntas irregularidades en la contratación a dedo entre 2020 y 2024.
El partido, personado como acusación popular, considera que el sobreseimiento del caso por parte del Juzgado de Sevilla fue “prematuro e improcedente”. Alegan la existencia de “sólidos indicios de criminalidad” en los contratos de emergencia del SAS.
Argumentos de Podemos contra el archivo
Podemos solicita a la Audiencia que revoque el auto provisional y continúe con la instrucción. El partido argumenta que existen “indicios racionales y plurales de la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa, de malversación y de administración desleal de fondos públicos”.
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla fue el primero en investigar un posible caso de prevaricación en la contratación a dedo del SAS con clínicas privadas, amparada en un Real Decreto derogado. Durante la instrucción, se llamó a declarar como imputada a la gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, además de interrogar como testigos a altos cargos del Gobierno andaluz.
Irregularidades y “modus operandi”
El auto de sobreseimiento de la causa en Sevilla, celebrado por el Gobierno de Moreno, concluía que no existen “principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito”. Sin embargo, el juez reconocía las irregularidades detectadas en informes desfavorables elaborados por los interventores del SAS. Admitía que los contratos de emergencia, a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, se prolongaron dos años y medio amparándose en un Real Decreto habilitado por el Gobierno central en pandemia, a pesar de estar derogado.
Podemos, por su parte, defiende que no se trataba de errores formales ni aislados, sino de “un modus operandi instaurado en el seno del SAS”. Este, bajo el pretexto de la emergencia sanitaria, “eludió de forma deliberada y persistente los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que rigen la contratación pública”. Esto, según el partido, podría haber producido una merma en las arcas públicas.
Otras investigaciones en curso
La investigación de los contratos del SAS con clínicas privadas en Sevilla era la más avanzada de las tres que estaban en curso. Las otras dos siguen vivas en Cádiz y Córdoba. La primera, y la que más ha avanzado en la instrucción, nace de una querella colectiva de diputados del PSOE andaluz, a la que luego se sumó Podemos como acusación popular.
El partido morado acusa al SAS de “apartamiento consciente, sistemático y grosero de la legalidad en materia de contratación pública”. También critica al juez por haber “relativizado la importancia de los reparos” que plantearon reiteradamente los interventores en sus informes sobre los ejercicios de contabilidad de los años 2020 a 2023.
Solicitud de auxilio pericial
Por último, Podemos defiende la necesidad de continuar la instrucción para calcular el “posible perjuicio económico derivado del conjunto de las irregularidades”. En consonancia con el PSOE, pide que la Audiencia solicite “auxilio pericial” a la Intervención General del Estado.
