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Nuevas Revelaciones en el Caso de Viviendas Protegidas en Alicante: Un Informe Interno ya Alertó Sobre Posibles Conflictos de Interés
Un informe interno del Ayuntamiento de Alicante, elaborado por el Servicio de Gestión Patrimonial en 2025, alertó sobre posibles “conflictos de interés” en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la Playa de San Juan. El documento forma parte de la denuncia que el Consistorio ha presentado ante la Fiscalía para que se investigue el proceso de adjudicación.
El informe señalaba que personal municipal posiblemente involucrado en la gestión del contrato resultó adjudicatario (directa o indirectamente) de una vivienda protegida en el complejo construido. Esta situación, según el informe, podría constituir un “posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las VPP construidas”.
La polémica surgió tras conocerse que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos y un sobrino de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y el arquitecto municipal de Urbanismo, Francisco Nieto, habrían adquirido cuatro inmuebles en este residencial. Tanto la concejala como la directora general han dimitido tras el escándalo.
El Ayuntamiento, en su denuncia a la Fiscalía, busca que se determine si el procedimiento de adjudicación incurrió en alguna infracción penal y, de ser así, se depuren las responsabilidades correspondientes.
Posibles Incumplimientos y Deber de Abstención
El Servicio de Gestión Patrimonial constató que entre los compradores adjudicatarios había personas con relaciones de parentesco o vínculos con empleados o cargos del Ayuntamiento que pudieron participar en fases relevantes del expediente. Aunque todos cumplían los requisitos legales, la concurrencia de estos vínculos “levantó señales de alerta por posible conflicto de interés y eventuales incumplimientos del deber de abstención de dichos empleados o autoridades en el procedimiento administrativo”.
Además, el informe de Patrimonio también señaló un “posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las VPP construidas, bien por no cumplirlas directamente, bien por haber faltado a la verdad u omitido ésta a la hora de declararlas”. Se argumenta que la condición, nivel y categoría de algunos adquirentes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica exigibles.
El informe señalaba el deber legal de abstención en los casos con interés personal en un asunto de competencia de los empleados o cargos públicos. Se incluyó el caso de un arquitecto municipal adjudicatario que “participó activamente” en el asesoramiento y seguimiento del contrato con la cooperativa “sin que conste que hubiera puesto de manifiesto su interés personal ni se hubiera abstenido”.
Incógnitas Pendientes y Rastreo Municipal
A pesar de que el Ayuntamiento encargó un expediente de averiguación de hechos, considera que persisten “incógnitas y aspectos fácticos no esclarecidos”. Preocupa la posibilidad de que pudieran haberse dado intervenciones materiales o influencias funcionales no documentadas que pudieran haber favorecido la adjudicación de las viviendas a favor de los implicados o sus allegados.
El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha anunciado que se cruzarán los datos de los adjudicatarios con la plantilla municipal para detectar si existen más empleados públicos relacionados con el reparto de estos inmuebles.
Críticas de la Oposición
La oposición ha criticado duramente la gestión del Ayuntamiento. El PSPV-PSOE ha llevado el caso a la Fiscalía por cinco presuntos delitos y acusa al alcalde de “dejación de funciones”. Compromís califica los hechos de “trama criminal organizada” y exige que se verifique si los adjudicatarios viven realmente en los inmuebles. Esquerra Unida Podem señala al Consell por elevar los límites de renta, permitiendo el acceso a VPO a cargos del PP.
Esquerra Unida ha revelado que el Ayuntamiento ya disponía de informes desde 2025 que alertaban sobre posibles incompatibilidades en las adjudicaciones, pero el alcalde Barcala decidió ignorarlos, una decisión calificada de “irresponsabilidad política intolerable”.
