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Polémica por la propuesta de Sánchez de prohibir redes sociales a menores de 16 años
La reciente propuesta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años ha desatado una fuerte controversia. Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital, considera que esta medida es técnicamente inviable y que podría esconder un objetivo más profundo: el control de la información.
Dificultades técnicas y alternativas
Adsuara, durante su participación en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, explicó que el principal problema reside en la verificación de la edad. A su juicio, no existe una tecnología suficientemente eficaz y segura con los datos personales para llevar a cabo dicha verificación. Criticó especialmente las soluciones que exigen datos biométricos, argumentando que es contradictorio “que para proteger a los menores de edad estemos regalando datos biométricos”.
Propuso como alternativa una cartera de identidad digital europea que solo certifique la edad, aunque reconoció que este proyecto aún tardará en materializarse.
Ineficacia de las prohibiciones
El experto también cuestionó la eficacia de las prohibiciones, citando ejemplos internacionales. En el Reino Unido, donde se implementaron medidas similares, se ha observado un aumento significativo en las descargas de VPNs para eludir las restricciones geográficas. Esto demuestra, según Adsuara, que los jóvenes a menudo encuentran formas de sortear las regulaciones.
El “efecto Love Joy” y el control de la información
Adsuara alertó sobre lo que considera la verdadera intención del Gobierno, una estrategia que denominó el “efecto Love Joy”, en referencia al personaje de Los Simpson. Según esta visión, se utiliza la protección de los niños como pretexto para implementar medidas que realmente buscan controlar la información.
“Cada vez que alguien quiere colar algo, pues lo primero que dice es un mensaje de protección de los menores, porque en eso estamos todos de acuerdo. Pero lo que nos han colado de rondón es lo que realmente le interesa a Pedro Sánchez, que es empezar a hacer la trazabilidad de los discursos de odio y la polarización”, advirtió.
El riesgo, para el abogado, es que el Gobierno decida qué se considera desinformación, mensaje de odio o polarización. “Obviamente, está en la naturaleza de las cosas que cualquier gobierno dirá que es desinformación cualquier información que le perjudica”, argumentó. Por ello, se mostró tajante: “Yo no quiero que ni este gobierno ni cualquier otro gobierno tenga el poder de decidir qué es desinformación […].
Yo no quiero que ese arma lo tenga ningún gobierno”. Defiende que la libertad de expresión está garantizada por la Constitución y que solo un juez puede determinar la legalidad de un contenido.
Corresponsabilidad parental
Finalmente, Adsuara consideró “un poco absurdo” que los padres pidan al Estado que prohíban el uso de los móviles que ellos mismos han regalado a sus hijos. En lugar de prohibiciones ineficaces, abogó por la corresponsabilidad, instando a los padres a establecer normas para sus hijos y a sentirse acompañados y reforzados en esta tarea. Este enfoque, concluyó, sería más efectivo que anuncios como el de Sánchez, que percibe como un simple “brindis al sol”.
