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ESCÁNDALO EN ALICANTE: VIVIENDAS PROTEGIDAS ADJUDICADAS A POLÍTICOS Y FAMILIARES
La adjudicación de viviendas protegidas en la playa de San Juan de Alicante a políticos del Partido Popular (PP), hijos de notarios y arquitectos ha desatado una gran polémica. Este hecho ha revelado un sistema, presuntamente auspiciado por la Generalitat de Carlos Mazón, que permitía acceder a estas viviendas a mitad de precio, en un contexto de grave crisis habitacional.
Beneficiarios y Cambios Legislativos
Una concejala del PP, altos cargos del Ayuntamiento de Alicante, funcionarios de la Generalitat e hijos de notarios y arquitectos figuran entre los beneficiarios de esta primera promoción de vivienda protegida en veinte años en la capital alicantina. Esto ha sido posible gracias a una modificación legislativa impulsada por el gobierno de Carlos Mazón, que amplió el límite de ingresos para acceder a estas VPO hasta los 66.000 euros anuales. Este aumento contrasta con el sueldo medio anual de un trabajador en Alicante, que ronda los 19.112 euros.
Dimisiones y Expedientes
La indignación generada por esta situación ha provocado la dimisión de una alta cargo del Ayuntamiento de Alicante, cuyos hijos y un sobrino fueron adjudicatarios de una vivienda. También ha dimitido la concejala de Urbanismo, quien también obtuvo una vivienda en la promoción. Además, se ha abierto un expediente a un funcionario de la Generalitat por presuntamente falsificar datos para que su esposa pudiera acceder a una vivienda valorada en más de 400.000 euros en el mercado, pero adquirida entre 200.000 y 230.000 euros.
Características de las Viviendas
Las viviendas, ubicadas en una zona donde reside el propio Carlos Mazón, cuentan con piscina, salón comunitario y pista de pádel. Algunos de los nuevos propietarios ya han puesto las viviendas en alquiler, evidenciando un aprovechamiento de las ventajas administrativas originalmente destinadas a familias con rentas medias y bajas.
Críticas a la Política de Vivienda
Esta situación ha generado interrogantes sobre cómo es posible que ocurran estos hechos en un contexto de emergencia habitacional. Se critica el respaldo legislativo del Gobierno de Carlos Mazón, que no ha anunciado la reversión de esta medida a pesar de la alarma social generada. La normativa aprobada por la Generalitat Valenciana elevó el umbral de renta para acceder a una vivienda protegida, permitiendo a compradores superar el trámite de inspección a pesar de haber adquirido las viviendas años atrás.
Irregularidades y Posible Expropiación
Además de las facilidades legales, se investigan posibles irregularidades cometidas por algunos compradores, como la falsificación de datos de la unidad familiar. Ante este escándalo, se exige una actuación contundente por parte de la administración, incluyendo la expropiación de las viviendas a quienes se aprovecharon del sistema, la reducción de los umbrales de acceso y la investigación de posibles responsabilidades penales.
Especulación Inmobiliaria
Se denuncia que algunas inmobiliarias estarían ofreciendo estos pisos por precios elevados, con pagos en negro que superarían los 200.000 euros, lo que recuerda a la burbuja inmobiliaria de la década de 2000. Se advierte sobre la necesidad de poner fin a esta situación para evitar consecuencias similares.
