El suicidio de un constructor y la bancarrota de una caja de ahorros: la historia tras el desahucio de son Bordoy

El cadáver se encontraba dentro de un coche estacionado frente a la tapia de un cementerio. Junto al cuerpo, un revólver y una herida de bala en la cabeza. Aunque el hombre no tenía licencia de armas, la Guardia Civil manejó desde el principio la hipótesis del suicidio.

La víctima era un promotor y constructor de pisos en desgracia que, con su ruina, había contribuido a la quiebra de una entidad que le había concedido un crédito millonario para construir edificios que nunca se iniciaron. El empresario llevaba años esperando el juicio que esclarecería los hechos. La escena, digna de una temporada de The Wire, ocurrió en Mallorca.

El muerto se llamaba Martín Gual y su empresa, Haras Gestión de Suelo SL. La caja de ahorros con los balances contables dañados era Sa Nostra. Seis años después de su fallecimiento, este suceso vuelve a conectar con la actualidad a través de las seis parcelas que Gual compró en 2007 en la periferia sureste de Palma: son Bordoy.

Las mismas fincas donde viven unas doscientas personas a las que el Ayuntamiento de Palma y Pryconsa, la promotora que adquirió los terrenos hace dos años, quieren desahuciar para completar el proyecto que Gual dejó inconcluso: un barrio de entre setecientas y ochocientas viviendas, parte protegidas y parte libres.

En aquel entonces, el Partido Popular, en la oposición, calificó estos planes de “pelotazo digno de Paco el Pocero”.

La Ley Carbonero, “un rescate del sector de la construcción”

El 14 de septiembre de 2008 quebró Lehman Brothers Holding Inc., con un efecto dominó devastador sobre las economías que dependían del ladrillo y la hipoteca, entre ellas, España. Aquella mañana de finales de verano marcó el fin de la fiesta que se había acelerado con la liberalización del suelo decretada por el primer gobierno de Aznar.

Meses antes de la implosión, Zapatero negaba la crisis a Rajoy, a pesar de los evidentes síntomas de desaceleración. En ese contexto, durante la campaña electoral de 2008, se debatió y aprobó en el Parlamento balear la Ley de Actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para viviendas de protección pública, que permitiría cimentar las casi nueve hectáreas de son Bordoy.

Esta ley autonómica, bautizada con el apellido de su impulsor, Jaume Carbonero Malbertí, arquitecto y Conseller d’Habitatge i Obres Públiques, se basaba en las reservas de suelo, edificando terrenos para destinar al menos el 50% a vivienda pública, aligerando la normativa y doblando la superficie urbanizable.

Para un grupo de geógrafos mallorquines, la Ley Carbonero fue más un “rescate del sector de la construcción por iniciativa de la Comunidad Autónoma” que una fórmula para blindar los derechos de los ciudadanos de unas islas donde la especulación inmobiliaria es inseparable del boom turístico. A pesar de la premisa socialdemócrata, su aplicación seguía cauces “muy en la línea del urbanismo neoliberal”, donde “los intereses privados siempre anteceden a los públicos”.

Estas reflexiones se encuentran en el ensayo colectivo Paisajes devastados. Después del ciclo inmobiliario: impactos regionales y urbanos de la crisis, publicado en 2013, cuyo capítulo octavo analiza los intereses turísticos y financieros en el urbanismo de Palma entre 2007 y 2011.

La Ley Carbonero era un proyecto “novedoso” porque los gobiernos municipales conservadores anteriores habían vendido prácticamente todo el suelo municipal destinado a vivienda protegida. Sin embargo, solo los propietarios que fueran promotores podían acogerse a la convocatoria del Govern, favoreciendo al promotor local ya propietario del suelo, pues las empresas peninsulares apenas disponían de este recurso. En Palma, el 87% de las promociones las construyen los propietarios del terreno.

Aquí aparecen son Bordoy y Martín Gual: Haras Gestión de Suelo presentó la oferta ganadora para desarrollar una urbanización de 750 viviendas en un suelo urbanizable con densidades superiores a las marcadas hasta entonces.

Gastos difíciles de justificar

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigó a la empresa de Gual y encontró gastos como la matrícula de un colegio privado británico y adquisiciones artísticas en una galería alemana. Según los investigadores, parte de la financiación de Sa Nostra se había gastado en asuntos ajenos a la construcción de los edificios prometidos en son Bordoy.

Martín Gual se defendió, asegurando que nunca había pagado a ningún político ni responsable bancario y que demostraría su inocencia en el juicio por la quiebra de la caja de ahorros, juicio que nunca llegó a celebrarse.

Una parte de la financiación de Sa Nostra se la había gastado Martín Gual en asuntos que nada tenían que ver con la construcción de unos edificios que rascaban el cielo que había prometido en son Bordoy.

Gual falleció antes del juicio, que acabó absolviendo a la veintena de personas en el banquillo, incluidos dos antiguos directores generales de la entidad. Según El Mundo, dos administradores de las sociedades de la familia Gual eran, a la vez, empleados de Sa Nostra.

Martín Gual falleció antes de que se celebrara el juicio de Sa Nostra, en el que se investigaba su presunta relación con la quiebra de la caja de ahorros.

El hundimiento de Sa Nostra

En 2008, Sa Nostra cerraba su último ejercicio brillante, con una entidad saneada, más de mil quinientos empleados, un plan de expansión y 650.000 clientes. A pesar de los informes desfavorables del Banco de España, los directivos de Sa Nostra decidieron dar crédito a los planos de Gual, quien se presentaba como el mayor constructor de vivienda pública en el archipiélago.

Los geógrafos mallorquines consideran que Margarita Nájera y Joan Mesquida Ferrando son figuras clave para entender la gentrificación del litoral sureste de Palma. La relación pasada entre Gual, Nájera y Mesquida alimentó las críticas del PP, que consideraba al constructor “un empresario de partido”.

En 2007, Haras Gestión de Suelo compró los 85.000 metros cuadrados de son Bordoy por 48,5 millones de euros, acordando la transacción con los anteriores propietarios, Fbex y el Grupo Garbal, dirigido por José Miguel García, vicepresidente del Real Mallorca y vocal en la comisión ejecutiva de los socialistas palmesanos.

Antes de la crisis, Martín Gual superó trámites, ganando el concurso del Govern Antich y obteniendo el visto bueno de Francina Armengol y Aina Calvo para la urbanización de son Bordoy. Sin embargo, en 2014, el guion de son Bordoy había dado un giro de ciento ochenta grados.

Una legislatura bastó para que Sa Nostra fuera historia y las empresas del constructor hicieran aguas. El PP, de vuelta al poder en Palma, apostaba por un modelo “a la madrileña, de privatización de servicios públicos”, dejando de lado la vivienda pública.

La izquierda se lava las manos

Ni siquiera un alcalde republicano y un gobierno de centroizquierda pudieron solucionar la situación. Son Bordoy era una patata caliente que nadie supo manejar, a pesar del encarecimiento del suelo. En 2018, el Ayuntamiento se mostró partidario de “abortar” la urbanización de las antiguas posesiones agrícolas, pero no sucedió.

Los planes de Martín Gual, que incluían escuelas, instalaciones deportivas y un centro comercial, quedaron en el limbo por falta de liquidez.

Los más de 10.000 metros cuadrados de escuelas e institutos, 5.000 de instalaciones deportivas y 2.000 de equipamientos socioculturales que habían contemplado los planes de Martín Gual se los había llevado el viento.

Las familias que viven en son Bordoy se sorprenden al hablar de la Ley Carbonero. “Nunca nos han puesto ningún problema, nos hicimos nuestras casas aquí y hemos vivido en paz. Hasta el verano pasado, cuando vimos unas máquinas que estaban picando para comprobar si aquí abajo había agua, no tuvimos noticia de que querían construir en las parcelas donde vivimos desde hace veintiocho años”, cuenta Ángel Paredes.

Puede que todo eso saliera en los periódicos, pero nosotros no nos enteramos. Hasta el verano pasado, cuando vimos unas máquinas que estaban picando para comprobar si aquí abajo había agua, no tuvimos noticia de que querían construir en las parcelas donde vivimos desde hace veintiocho años.

Ángel Paredes, Pendiente de desahucio

Durante la primavera de 2023, el PP regresó al poder en Palma y Pryconsa compró las parcelas urbanizables, anticipando precios inasumibles para la mayoría de los palmesanos.

Si Gual defendía que quería construir pisos de “100.000 euros, a pagar con cuotas mensuales que no superaran los 400”, ni el Govern ni el Ayuntamiento aclaran a cuánto se venderán los domicilios “asequibles”. Las 150 viviendas que salgan al mercado sin restricciones costarían más de 6.000 euros el metro cuadrado.

El legado especulativo del alcalde Fageda

Los mandatos de Joan Fageda Aubert marcaron un punto de inflexión en Palma. Entre 1991 y 2003, el alcalde Fageda apostó por una ciudad “más limpia, más segura, más eficiente”, pero también mucho más cara para habitarla. En 1995, un piso de cien metros cuadrados costaba, de media, 66.000 euros en Palma, mientras que hoy puede estar por encima del medio millón.

En aquella época se construyeron más de 33.000 viviendas en Palma, incluyendo parcelas cerca de la playa. Sin embargo, El Molinar, antaño barrio de obreros y pescadores, comenzaba a ganar valor turístico y sus antiguos habitantes sobraban. A familias como la de Ángel Paredes, el Ayuntamiento les sugirió abandonar esos terrenos y trasladarse a son Bordoy “con un permiso de cesión de uso”.

Tanto tiempo después, los grupos municipales del PP y el PSIB ni confirman ni desmienten su existencia, y los afectados se aferran a sus empadronamientos, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a la esperanza. La perra de uno de los vecinos se llama Remedios.