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POSIBLE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 EN MADRID POR LA CRISIS DE LA VIVIENDA
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha manifestado su deseo de aplicar el artículo 155 de la Constitución Española en la Comunidad de Madrid debido a la problemática del acceso a la vivienda y al incumplimiento de las obligaciones en esta materia por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez reconoció en una entrevista en TVE que no cuenta con los votos necesarios en el Senado para llevar a cabo esta medida.
“Me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid, que no está cumpliendo sus obligaciones en materia de vivienda, pero no tengo mayoría en el Senado”, afirmó la ministra. El artículo 155 permite al Gobierno central intervenir las competencias de una comunidad autónoma en caso de incumplimiento de sus obligaciones constitucionales o cuando actúe en contra del interés general de España. Su aplicación requiere la aprobación por mayoría absoluta del Senado, donde actualmente el Partido Popular tiene mayoría.
La ministra Rodríguez considera que esta “amenaza” es una forma de evidenciar las limitaciones del marco constitucional. Insiste en que las administraciones públicas y los ayuntamientos deben ser conscientes de la emergencia habitacional y actuar en consecuencia.
Críticas al Partido Popular
Rodríguez acusó al PP de oponerse a las medidas para solucionar la crisis de la vivienda por “mero cálculo electoralista”, y de ir “contracorriente” de lo que están haciendo otros países europeos. Afirma que la ley de vivienda, con topes a los alquileres, está dando resultados positivos en las zonas donde se aplica.
“No se están topando en Madrid porque el PP no quiere, ni en Andalucía porque el PP no quiere y ni en Aragón porque el PP no quiere”, sentenció.
Medidas para la vivienda protegida
La ministra instó a las comunidades autónomas a modificar sus normativas para evitar que las viviendas protegidas puedan ser vendidas para especulación o a fondos buitre. Aseguró que el Estado no invertirá “ni un solo euro” en vivienda que “no esté protegida para siempre”.
El Gobierno central, a través del nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros, busca garantizar que las inversiones en vivienda tengan un carácter finalista y estén destinadas a la protección de los ciudadanos.
