El Parlamento Europeo debatirá la regularización de migrantes en España

El Parlamento Europeo debatirá la regularización de migrantes en España
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El Parlamento Europeo debatirá la regularización de migrantes en España

El Parlamento Europeo abordará la polémica regularización de aproximadamente medio millón de migrantes impulsada por el Gobierno español. La inclusión de este tema en la agenda del pleno de la próxima semana en Estrasburgo fue promovida por el Partido Popular (PP) y Vox, cuyos grupos europeos votaron a favor de la modificación de la agenda.

La mayoría de los grupos políticos europeos se mostraron favorables a debatir este asunto, tras la controversia generada por la decisión del Consejo de Ministros español, a finales de enero, de tramitar con urgencia el real decreto de regularización.

Según la agenda provisional, el debate tendrá lugar el martes 10, durante la sesión de la tarde, bajo el título “Declaración de la Comisión sobre la política de regularización a gran escala de España y su impacto en el Espacio Schengen y en la política migratoria de la UE”.

Fuentes del PP en la Eurocámara han manifestado que sus socios europeos consideran que la regularización “impacta directamente al espacio Schengen y a la libertad de movimiento, uno de los principales valores de la Unión Europea”.

Argumentan que, una vez regularizados en España, los migrantes podrán moverse libremente por el resto de los Estados miembros.

“Las decisiones unilaterales tienen consecuencias para toda la UE”, señalaron las fuentes del PP, advirtiendo que esta regularización podría generar un efecto llamada para aquellos que ven en España una puerta de entrada a la Unión Europea.

Además del debate en el pleno, el tema será analizado en una fecha aún por determinar por el grupo de trabajo de escrutinio de Schengen y fronteras en la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara.

El pasado 29 de enero, el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, declaró estar al tanto de la regularización anunciada en España y reconoció la competencia del país para decidir cómo abordar la situación de los migrantes irregulares presentes en su territorio.