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Reducción Presupuestaria Amenaza la Mayor Obra Ambiental de Colombia
La construcción del Canal del Dique, un proyecto crucial para proteger a miles de habitantes de las inundaciones en el norte de Colombia, se enfrenta a un futuro incierto tras un recorte presupuestario significativo por parte del gobierno de Gustavo Petro. Esta obra, adjudicada a la constructora española Sacyr en noviembre de 2022, se encuentra actualmente en una fase “preoperativa”, dejando a las comunidades vulnerables a los estragos de las lluvias.
Un Proyecto Vital en Riesgo
El Canal del Dique, valorado en 690 millones de euros, es esencial para controlar el desbordamiento de las aguas y mejorar su calidad en este brazo artificial que conecta el mar Caribe con el río Magdalena. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha anunciado un recorte unilateral de casi 150 millones de euros al presupuesto de la obra para 2025, lo que representa un agujero financiero del 83,61% con respecto a lo pactado el año anterior.
Las razones esgrimidas por el Ministerio de Hacienda se basan en la difícil situación fiscal del Estado colombiano, agobiado por el pago de intereses de su deuda soberana, el aumento del gasto público y una recaudación fiscal aún modesta.
Reacciones y Confusión
Ante esta situación, Sacyr ha informado que no emitirá declaraciones al respecto, remitiendo la responsabilidad a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La ANI, por su parte, ha emitido un comunicado en el que asegura haber desembolsado más de 217.477 millones de pesos al patrimonio autónomo, garantizando un manejo eficiente y responsable de los fondos públicos. Sin embargo, no ha mencionado el recorte presupuestario.
El Tribunal de Cuentas colombiano ha expresado su preocupación por la deriva del proyecto, advirtiendo que la medida del Gobierno supone un riesgo fiscal enorme para la región Caribe y el país, y que el Estado colombiano se expone al pago de multas y otras compensaciones no previstas.
Consecuencias para la Población
Mientras tanto, la población de la ribera del norte sigue sufriendo las consecuencias de las crecidas, con miles de familias evacuadas, problemas sanitarios, viviendas inundadas y daños en los cultivos y la actividad pesquera. Se estima que la población en primera línea de vulnerabilidad asciende a unos 100.000 habitantes.
La intervención ambiental contempla, entre otras medidas, la construcción de dos enormes compuertas con esclusas para atenuar o filtrar la entrada de sedimentos al caudal del río.
Obstáculos y Retrasos
Sacyr ha enfrentado dificultades para acreditar los requisitos del Ministerio de Ambiente colombiano. Según la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez, la empresa nunca presentó un estudio de impacto ambiental, lo que significa que, desde la perspectiva de la licencia necesaria para avanzar, se encuentran en la etapa cero.
Además, algunos pobladores de la cuenca se han quejado de la falta de información sobre los impactos de la construcción. Se trata de pueblos campesinos, negros y palenqueros, descendientes directos de esclavos africanos del periodo colonial, con altos índices de pobreza y desigualdad.
Un Futuro Incierto
Sacyr deberá hacerse cargo de la operación y mantenimiento de los 115 kilómetros de extensión del Canal del Dique durante 15 años, pero antes deberá superar los obstáculos regulatorios y la incertidumbre generada por el recorte presupuestario.
El ingeniero civil Rodrigo Fernández, experto en licitaciones, ha señalado que los anuncios del Gobierno crean desconcierto y que los parámetros y estructura de los contratos vigentes deben cumplirse de parte y parte. Considera inaceptable que se utilicen recursos comprometidos para una obra, escudándose en la emergencia económica.
