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Mazón eliminó controles para prevenir fraude en la adjudicación de VPO
El Gobierno valenciano, liderado por Carlos Mazón, derogó parcialmente el Decreto 106/2021, del 6 de agosto, del Consell, en lo relativo a las viviendas protegidas de promoción privada. Esta decisión, formalizada a través del decreto de 10 de diciembre de 2024, implica que los promotores privados asumen la responsabilidad del proceso de adjudicación hasta la firma de las escrituras. En este último momento, la Conselleria supervisa que los adjudicatarios cumplan con los requisitos de renta y otros condicionantes.
Anteriormente, el decreto del Botánico establecía la obligatoriedad de inscripción en el Registro de demanda de vivienda para acceder a viviendas protegidas, tanto de promoción pública como privada. Además, se requería la presentación de una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos. Esta declaración incluía datos detallados del solicitante y funcionaba como un primer filtro previo a la confirmación de la Conselleria en la fase de visado.
El decreto de 2021 también regulaba el “Registro de oferta de vivienda”, donde debían inscribirse las viviendas del patrimonio público de la Generalitat y las viviendas protegidas de promoción privada. El objetivo era dar publicidad y transparencia a las promociones y garantizar el cumplimiento de los requisitos de venta o alquiler.
Según fuentes de la Conselleria de Vivienda, la decisión de separar a los demandantes de vivienda protegida pública de la privada se debe a que atienden a públicos diferentes, con rentas, necesidades y características distintas. Afirman que ni el registro de demandantes ni la declaración responsable implican un mayor control sobre el proceso de adjudicación.
La Conselleria destaca que el decreto de 2024 incrementa la fiabilidad y el control del visado sobre los adjudicatarios, es decir, el momento en que se comprueba si cumplen las condiciones para adquirir una vivienda protegida. El decreto establece que la solicitud de visado incluirá la autorización expresa de la persona adquirente para que los servicios territoriales puedan comprobar el cumplimiento de los requisitos, en particular la información de carácter tributario o económico.
Tras la polémica surgida en Alicante, el proceso de visado se realizará a partir de ahora por un órgano colegiado en lugar de por un único funcionario. Además, se está trabajando en una plataforma digital del Plan Vive que informará sobre todas las promociones de vivienda protegida que se saquen a la venta. También se trasladarán a las empresas promotoras criterios objetivos para realizar las adjudicaciones de forma transparente.
El PSPV critica la medida y acusa al PP de “facilitar la especulación”
La diputada del PSPV en las Corts, María José Salvador, ha criticado la medida, acusando al PP de “implantar un sistema para facilitar la especulación con la vivienda, y hacer negocio con lo que es un derecho fundamental”.
Según Salvador, el caso de Alicante ha evidenciado las “costuras del modelo de mercantilización de la vivienda”. Considera que la eliminación de los controles en los procesos de adjudicación de VPO de iniciativa privada, junto con otras medidas, ha sido eliminada por el Decreto de VPO del PP de 2024 y el plan Vive. Advierte al presidente Pérez Llorca que deberá explicar el objetivo de estos cambios.
