El Partido Socialista de Aragón ha lanzado una controvertida campaña a pocos días de las elecciones, que tendrán lugar el próximo domingo. A través de un call center, se están emitiendo mensajes robotizados a los teléfonos fijos de potenciales votantes, con un foco especial en los 302.000 aragoneses mayores de 65 años, que representan el 22% de la población y son un objetivo codiciado por su fidelidad en las urnas.

La campaña utiliza la voz del expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias, de 74 años, quien advierte en la grabación: “¿Sabía usted que el PP de ADCON ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas”. El mensaje concluye pidiendo el voto para Pilar Alegría, la candidata socialista.

El Partido Popular ha respondido denunciando la campaña ante la Junta Electoral Central, que todavía no se ha pronunciado.

Para su candidato, Jorge Azcón, la estrategia demuestra la “desesperación socialista” ante un posible mal resultado. “Se presta su voz para mentir, dice que el Partido Popular le va a bajar las pensiones a los pensionistas”, ha declarado Azcón, quien considera que se está denigrando la imagen del expresidente.

Los socialistas, por su parte, han contraatacado acusando a los populares de realizar también llamadas a teléfonos móviles y han cuestionado cómo han podido adquirir una base de datos con números privados.

En el programa ‘La Tarde’ de COPE, conducido por Pilar García Muñiz, el analista Julio Llorente ha calificado estas llamadas como “reveladoras”. Según Llorente, la campaña muestra una “orfandad de ideas”, una “pésima concepción de la inteligencia de los votantes” y una “relación tormentosa del Partido Socialista con la libertad de elección”.

Para el colaborador, esta estrategia no busca captar el voto, sino “cautivarlo” a través del miedo. “Un voto miedoso, un voto movido por el miedo no es otra cosa que un voto cautivo”, ha sentenciado.

La analista Ana Zarzalejos ha coincidido en que la medida es fruto de la “desesperación” y la ha enmarcado en la “instrumentalización electoral que ha hecho el PSOE con el tema de las pensiones”.

Además, ha advertido que esta estrategia puede tener un efecto negativo, ya que “hay un votante al que se le aliena, que es el votante joven”, cansado de que el debate sobre las pensiones no aborde la sostenibilidad del sistema.

Desde el punto de vista jurídico, la campaña no parece presentar impedimentos. Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, ha explicado en COPE que no encuentra “ninguna tacha” a este modo de actuar ni en el código penal ni en la legislación electoral. Según Cortés, al ser un encargo a una empresa especializada, es esta la que debe “justificar la legitimación de la obtención de los datos”.

El catedrático ha descartado que se invada el derecho a la intimidad, comparando la situación con las habituales llamadas comerciales. “Estamos acostumbrados a que cada hora de la comida nos llamen haciendo ofertas de todo tipo de empresas”, ha señalado, indicando que estas prácticas no suelen acarrear condenas.

A tres días de las elecciones, la tensión es máxima.

Algunas encuestas sitúan a la candidata socialista, Pilar Alegría, en una caída de hasta siete escaños, mientras la batalla se centra en 35.000 votos indecisos. En este contexto, la estrategia del popular Jorge Azcón de adelantar las elecciones para depender menos de VOX está en el punto de mira.

Julio Llorente augura que el PP va a depender de VOX “incluso más estrechamente que antes”. Describe un escenario con “un PP paralizado que parece haber tocado techo, un VOX que crece por castigo por mera inercia, y un Partido Socialista que está en caída libre”.

Ana Zarzalejos pronostica un “efecto espejo de Extremadura” y señala que, al final, todo se tratará como un “laboratorio” de cara a las elecciones generales. “Mientras el PP siga viendo a VOX como un socio no confiable y VOX al PP como un partido con poco compromiso ideológico, parece que repetiremos la situación”, ha afirmado, concluyendo que será el votante quien decida si fuerza un entendimiento o refuerza las posiciones de castigo.