La vivienda, o más bien la falta de ella, se ha consolidado como una de las mayores preocupaciones para los aragoneses, afectando ya al 22,1% de la población, según el último barómetro del CIS. Este problema ha escalado hasta convertirse en un eje central del debate público y en una bandera electoral para todos los partidos, desplazando a otros asuntos como la despoblación. La dificultad para acceder a un hogar se manifiesta en cifras alarmantes: 47.000 jóvenes aragoneses tienen serios problemas para emanciparse, con una tasa de independencia que ha caído al 14%, por debajo de la media nacional.

Los datos más recientes del mercado inmobiliario confirman la gravedad de la situación. El precio de la vivienda en Aragón registró un crecimiento interanual del 14,6% en el tercer trimestre de 2025, posicionando a la comunidad como la segunda con la subida más alta de España.

Esto se traduce en un coste medio de 1.686 euros por metro cuadrado para la compra. Por su parte, el alquiler no ofrece un panorama más alentador, con un incremento anual del 9,9% y un precio medio que alcanza los 10,4 euros por metro cuadrado, según el portal Idealista.

Victoria Barreu, de Plenia Inmobiliarios y miembro del colegio de agentes de la propiedad, subraya que la raíz del problema es un desequilibrio extremo. “Tenemos una demanda exageradamente alta y una oferta exageradamente baja”, afirma la experta, quien insiste en la necesidad de buscar soluciones urgentes. Esta escasez de inmuebles disponibles es, a su juicio, el principal motor que impulsa la escalada de precios en toda la comunidad autónoma.

Una de las consecuencias más visibles de esta crisis es un cambio de modelo en el mercado, donde el alquiler de habitaciones gana terreno frente al de pisos completos.

El caso de Huesca es paradigmático, con solo ocho inmuebles en alquiler frente a casi cuarenta habitaciones. Para Barreu, esta tendencia es un parche que no resuelve el problema de fondo, ya que el objetivo social debe ser facilitar que la población sea “independiente y autosuficiente”, en lugar de perpetuar soluciones temporales.

El mercado de la compraventa tampoco es ajeno a estas tensiones. Barreu lo describe como “muy tensionado”, ya que, aunque existe un mayor estocaje de pisos en venta que en alquiler, la oferta sigue siendo limitada. Los precios se sitúan actualmente entre los 1.600 y 1.700 euros por metro cuadrado, cifras que se aproximan a los niveles del año 2005, aunque todavía lejos de los picos de la burbuja inmobiliaria, cuando se superaron los 2.000 euros.

Desde la sociedad civil también se alzan voces que reclaman acciones contundentes.

Antonia Piedrafita, portavoz de la Plataforma por la Vivienda en Huesca, denuncia que “la especulación con el alquiler está descontrolada”, impidiendo que las familias con salarios modestos puedan acceder a un hogar. La plataforma critica la falta de soluciones políticas y exige medidas como la regulación de precios en zonas tensionadas, una vía que ya han explorado otras comunidades como Navarra o Cataluña.

Sin embargo, su principal reivindicación es la ampliación del parque público. “Falta edificar”, sentencia Piedrafita, argumentando que las ayudas al alquiler son insuficientes si no se aumenta la oferta de manera significativa. La plataforma insiste en que no se debe ceder suelo público a promotores privados y denuncia que los arrendadores están presionando a los inquilinos para que abandonen sus casas y así poder alquilarlas por habitaciones para aumentar sus beneficios.

En respuesta a esta crisis, el Gobierno de Aragón ha puesto el foco en el impulso a la vivienda pública como fórmula para intervenir en el mercado.

La principal herramienta es el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, dotado con una inversión de 400 millones de euros. A través de este plan, ya se han adjudicado 3.081 viviendas en lo que va de legislatura, con el objetivo de promover alrededor de mil viviendas públicas cada año en toda la geografía aragonesa.

Para las tres capitales, la fórmula empleada es la colaboración público-privada mediante concesiones a 75 años en suelo público. En Zaragoza, ya están en obras 608 viviendas en barrios como Actur y Valdespartera, que serán una realidad en 2027. También se impulsan promociones en Teruel (106 viviendas) y Huesca (en La Merced, Los Olivos y Harineras), todas destinadas a un alquiler asequible.

El Ejecutivo autonómico complementa esta estrategia con otros programas específicos.

Entre ellos destacan el Programa +3.000, para promover viviendas de alquiler con opción a compra en municipios de más de 3.000 habitantes, y las subvenciones para la rehabilitación de 355 viviendas en 167 municipios pequeños. Además, se está aplicando un plan para construir 488 viviendas de alquiler asequible en los 43 municipios más turísticos, con el fin de alojar a los trabajadores del sector.