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Regularización de migrantes en España: Un paso hacia la inclusión efectiva
La regularización de los migrantes que ya residen en España es una obligación derivada del marco internacional de los derechos humanos. Los tratados internacionales ratificados exigen garantizar condiciones de vida dignas y acceso a los derechos fundamentales, independientemente de la situación administrativa.
El Gobierno español ha aprobado un Real Decreto para una regularización extraordinaria, dirigida a personas que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar al menos cinco meses de estancia, carezcan de antecedentes penales y no representen una amenaza para el orden público. Esta medida busca otorgar permisos de residencia y trabajo, acceso a servicios públicos como sanidad y educación, protección contra la expulsión y la posibilidad de reunificación familiar.
Derechos humanos fundamentales
La regularización de migrantes en situación administrativa irregular es un derecho humano fundamental que busca garantizar la dignidad y protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los migrantes, independientemente de su estatus legal, son titulares de derechos humanos fundamentales, entre ellos:
- Derecho a la vida y la integridad personal.
- Derecho a la libertad y la seguridad.
- Derecho a la no discriminación.
- Derecho a la educación.
- Derecho a la salud.
- Derecho a la reunificación familiar.
- Derecho a la protección consular.
- Derecho a la no devolución.
La persistencia de situaciones de irregularidad prolongada incrementa el riesgo de explotación laboral, dificulta el acceso a los sistemas de salud y educación, y reproduce dinámicas de exclusión y vulnerabilidad.
Desafíos y oportunidades
La apertura de la consulta pública sobre esta regularización, que podría afectar a más de medio millón de personas, plantea un desafío que va más allá del debate normativo. Se trata de una prueba de coherencia entre los principios defendidos y la capacidad real para traducirlos en políticas públicas eficaces.
La Ley Orgánica de Extranjería del año 2000 ha quedado desfasada, corrigiéndose parcialmente a través de reformas del Reglamento de Extranjería, como la de 2022, que amplió las vías de acceso a la residencia y al trabajo.
La regularización extraordinaria ofrece la oportunidad de avanzar de forma más estructural y coherente en la defensa de la dignidad humana.
Implicaciones demográficas y económicas
La migración tiene implicaciones demográficas y económicas claras. España enfrenta un proceso de envejecimiento que incrementa la necesidad de trabajadores en diversos sectores. La irregularidad prolongada dificulta la identificación administrativa, debilita la trazabilidad laboral y residencial, y genera espacios de informalidad que complican la convivencia y la actuación de los poderes públicos. Una regularización bien diseñada mejora el conocimiento de la población residente, refuerza la seguridad jurídica y facilita una gestión más eficaz.
Se estima que la regularización podría alcanzar a entre 500.000 y 840.000 personas, lo que requiere una capacidad de gestión acorde.
Implementación y coordinación
El éxito de esta regularización dependerá de su implementación. Aunque el Estado es responsable de los procedimientos administrativos, la integración efectiva se produce en el territorio, a través de los servicios que prestan comunidades autónomas y ayuntamientos: sanidad, educación, servicios sociales y vivienda. Las organizaciones del tercer sector desempeñan un papel esencial en el acompañamiento, la información y la mediación.
Esta iniciativa tiene su origen en una iniciativa legislativa ciudadana avalada por más de 700.000 firmas, lo que refuerza la legitimidad democrática del proceso y añade una responsabilidad adicional a las instituciones.
Sin una coordinación real entre los distintos niveles de gobierno y los actores sociales implicados, incluso la mejor norma corre el riesgo de quedarse corta.
Un proceso continuo
La regularización no termina con la concesión de un permiso, sino que es el inicio de un proceso. La integración efectiva requiere acceso al empleo formal, reconocimiento de competencias, información clara sobre derechos y obligaciones, y apoyo en áreas como la vivienda, la sanidad y la educación. Todo ello exige planificación, recursos adecuados y una distribución equilibrada de responsabilidades entre administraciones.
Las experiencias internacionales muestran que las regularizaciones más exitosas son aquellas que se abordan con una visión integral, que anticipan el impacto sobre los servicios públicos y que establecen mecanismos de ajuste continuo.
Conclusión
La regularización extraordinaria representa una oportunidad para reforzar la coherencia institucional y avanzar hacia una migración gestionada. Es necesaria desde el punto de vista de los derechos humanos, razonable desde una perspectiva demográfica y económica, y útil para una mejor gestión de la convivencia y la seguridad. Su legitimidad y eficacia dependerán de la seriedad con la que se aborde su implementación.
Si los distintos actores implicados trabajan de forma coordinada, esta regularización puede traducirse en trayectorias migratorias más estables, en una inserción laboral más rápida y en una menor reproducción de situaciones de irregularidad en el futuro.
Gestionar la regularización con información, coordinación y capacidad de ajuste es la condición para que la política migratoria deje de ser una sucesión de respuestas excepcionales y se convierta en un pacto de Estado, en una política pública previsible, ordenada y capaz de ofrecer seguridad a quienes llegan y a la sociedad que los acoge.
