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Escándalo de Viviendas Protegidas en Alicante: La demanda se dispara mientras cargos del PP acceden a VPO
El escándalo por la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante a cargos del Partido Popular y del Ayuntamiento de Alicante se agudiza al contrastar con el creciente número de solicitantes de este tipo de viviendas, destinadas a personas con ingresos medios, bajos o en situación de vulnerabilidad. Los datos evidencian la emergencia habitacional en la Comunidad Valenciana y en el resto de España, situación que ha llamado la atención de la Sindicatura de Comptes.
Concejala y familiares beneficiados mientras la lista de espera se multiplica
La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, junto con dos hijos y un sobrino de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cinco inmuebles de una promoción de viviendas protegidas construidas en terrenos adquiridos al Ayuntamiento de Alicante por 6,6 millones de euros. Tras la polémica, tanto la concejala como la directora general han presentado su dimisión.
Aumento Exponencial de Solicitantes de Vivienda Protegida
Mientras se desarrollaba este proceso, el registro de demandantes de vivienda protegida en la Comunidad Valenciana se multiplicó por seis en tres años. A finales de 2022, había aproximadamente 13.600 solicitantes, cifra que ascendió a 76.475 “unidades de convivencia activas” inscritas en mayo de 2025, según datos proporcionados por la Generalitat Valenciana a Compromís. Por provincias, se registraron 24.011 solicitantes en Alicante, 6.894 en Castellón y 45.570 en Valencia.
Un informe reciente de la Sindicatura de Comptes revela que “el 31 de diciembre de 2024, el total ascendió a 40.998 unidades de convivencia demandantes de vivienda protegida, lo cual implica que, en el periodo 2023-2024, la demanda prácticamente se ha triplicado, con un incremento del 186%”. Esta tendencia ascendente continuó en 2025.
Un decreto de 2024 del Gobierno valenciano eliminó, para las promociones privadas, la obligatoriedad de estar inscrito en los registros de la Generalitat y de presentar una declaración responsable de cumplimiento de requisitos, así como la obligación de incluir las promociones privadas en el registro de viviendas protegidas.
Sindicatura de Comptes pide más transparencia
El informe de la Sindicatura de Comptes insta a ampliar la información ofrecida para mejorar la transparencia de los procesos, afirmando que el registro “actúa como filtro previo a los procedimientos de adjudicación y permite aplicar baremos, criterios de preferencia y requisitos adicionales con base en la información declarada”.
El informe también señala que “no hay una integración plena entre el registro de solicitantes y el inventario del parque público, lo cual limita la capacidad de la Administración autonómica para vincular de manera ágil las necesidades residenciales con la disponibilidad real de vivienda. Este déficit de coordinación resta eficacia al sistema e impide contar con una visión consolidada y fiable sobre la situación de la vivienda de protección pública en la Comunidad Valenciana”.
Además, se indica que “la Conselleria ha publicado información sobre los registros, pero esta resulta insuficiente y poco accesible” y que “no existe un inventario público actualizado del parque de vivienda de protección pública que permita conocer con precisión su composición, disponibilidad y evolución”. Tampoco se ofrece información transparente sobre el tiempo medio de tramitación desde la inscripción en el Registro de demandantes hasta la resolución de adjudicación.
Recomendaciones para mejorar la gestión
Ante esta situación, la Sindicatura recomienda “reforzar la actualización periódica de los registros y mejorar la calidad y fiabilidad de los datos de solicitantes y viviendas disponibles”, así como “integrar en una única plataforma los registros de demandantes con el inventario de viviendas, de forma que la Administración autonómica disponga de información consolidada y fiable, para una mejor planificación y asignación de recursos”.
También se insta a la Conselleria a adoptar medidas “para garantizar la publicación periódica, actualizada y accesible tanto del inventario del parque público de viviendas como de los datos estadísticos derivados del Registro de demandantes, de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal y autonómica de transparencia. Esto permitiría reforzar la rendición de cuentas, mejorar la confianza ciudadana y facilitar el acceso a información pública esencial para conocer la oferta y la demanda real de vivienda protegida en la Comunidad Valenciana”.
Medidas anunciadas por la Conselleria de Vivienda
A raíz del caso de Alicante, la Conselleria de Vivienda ha anunciado que el proceso de visado para verificar que los compradores de viviendas cumplen los requisitos se realizará a partir de ahora por un órgano colegiado en lugar de por un único funcionario.
Además, se está trabajando en una plataforma digital del Plan Vive que proporcionará información sobre todas las promociones de vivienda protegida que se ofrezcan a la venta, para que todos los interesados tengan información de primera mano y puedan inscribirse en los diferentes procesos de adjudicación gestionados por las promotoras. La Conselleria también trasladará a las mercantiles una serie de criterios objetivos para realizar las adjudicaciones de forma transparente.
