El Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) ha retirado el arma reglamentaria y las funciones en la vía pública al policía local acusado de apropiarse de unos 135.000 euros de multas de tráfico. El agente ha quedado limitado a tareas administrativas en dependencias policiales respetando el principio de presunción de inocencia, ya que no se pueden adoptar medidas de inhabilitación sin una sentencia judicial firme.

La alcaldesa, Onalia Bueno, ha explicado que se ha abierto un expediente disciplinario al agente, el cual quedará paralizado hasta que se pronuncie el juzgado, dado que el procedimiento penal tiene preferencia.

El policía fue detenido por la Guardia Civil por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa.

La alcaldesa ha asegurado que el consistorio actuó “[desde el primer momento en que se detectaron estas anomalías]” y facilitó toda la documentación. Fue la sociedad mercantil local Gestiona Mogán la que, tras una revisión interna, detectó un patrón reiterado de irregularidades en la tramitación de multas con la PDA asignada al agente, lo que motivó la denuncia a la Guardia Civil.

Este control coincidió con la incorporación de diez nuevos agentes en febrero del pasado año.

“Las PDA están en funcionamiento en la Policía Local de Mogán desde 2020 y todas las actuaciones quedan automáticamente registradas en el servidor municipal, lo que ha permitido analizar los expedientes desde esa fecha”, indica el consistorio.

La investigación, enmarcada en la operación ‘Paycash’, comprobó que el agente presuntamente utilizaba su condición para denunciar infracciones a turistas extranjeros con vehículos de alquiler, principalmente en Puerto Rico. Exigía el pago en efectivo de las sanciones y no ingresaba las cantidades en las cuentas públicas.

Se estima que el agente, con 27 años de servicio y adscrito a la Unidad de Playas, habría iniciado más de 1.000 procedimientos sancionadores, con una cantidad malversada que ronda los 135.000 euros.

El jefe accidental de la Policía Local, Marcos Domínguez, ha recordado que “cualquier policía local está obligado a actuar y sancionar cualquier infracción que observe”.