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Investigación judicial sobre la gestión de la DANA en Valencia se amplía a consellerias
La jueza que investiga la gestión de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024, causando la trágica muerte de 230 personas, ha abierto un nuevo frente en la causa. Ahora, se centra en la “coordinación” entre el departamento de Emergencias y varias consellerias del gobierno autonómico.
Mediante un auto judicial, la magistrada ha requerido a las consellerias de Agricultura, Servicios Sociales, Medio Ambiente y Educación que, en un plazo de cinco días, aporten las solicitudes de cooperación y las medidas de protección a los ciudadanos que recibieron del departamento de Emergencias. Este departamento, en el momento de la DANA, estaba dirigido por Salomé Pradas y Emilio Argüeso, ambos imputados en el procedimiento.
La resolución judicial también solicita a estas consellerias que informen sobre las “eventuales peticiones o comunicaciones que recibieron” del departamento de Emergencias.
La jueza fundamenta esta investigación en el marco competencial autonómico en materia de Emergencias, señalando que es necesario analizar la coordinación y actuación que tuvo lugar en este ámbito durante la DANA.
Este requerimiento implica a los departamentos de los consellers de Agricultura (Miguel Barrachina), Servicios Sociales (Elena Albalat), Medio Ambiente (Vicente Martínez Mus) y Educación (María del Carmen Ortí).
La magistrada subraya que las 230 víctimas de la DANA no necesitaban una declaración de emergencia nacional, sino una acción por parte de la administración autonómica, “capacitada para actuar, gestionar y coordinar y competente legalmente”. Una acción, añade, “que jamás llegó”.
La “evitabilidad” de las 230 muertes
El auto judicial enfatiza que la administración autonómica disponía de todos los instrumentos necesarios para salvaguardar a la población, incluyendo el sistema de alertas Es-Alert, la capacidad de comunicarse con otras autoridades y la difusión pública por diversos canales. Además, contaba con los medios materiales y personales del Estado, como la Unidad Militar de Emergencias (UME).
La jueza insiste en que la “evitabilidad” de las 230 muertes y las lesiones se basa en el análisis de los avisos a la población y el control de las fuentes de riesgo, cuya competencia correspondía a las autoridades encargadas de la protección civil en la Comunidad Valenciana.
