
La vivienda en España: ¿Relato político o solución real?
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El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema acuciante en España, transformándose en una preocupación central para un alto porcentaje de la población en menos de una década. El economista Gonzalo Bernardos analiza la situación, señalando que la estrategia del gobierno actual se basa más en el discurso que en la acción, aplicando medidas que históricamente han demostrado ser ineficaces.
Críticas a la política gubernamental
Bernardos critica duramente la priorización del rédito político por encima de la efectividad en las políticas de vivienda. Según el economista, el gobierno persiste en errores que perjudican al mercado. Considera que se busca “engañar a la población” con medidas obsoletas y fallidas, como el control de alquileres, con el objetivo de obtener votos y complacer a sus socios políticos.
El fracaso del control de alquileres
El economista recuerda la experiencia del control de alquileres en España entre 1921 y 1985, que, según él, “destrozó el mercado”.
Para ilustrarlo, cita datos históricos que muestran cómo el mercado de alquiler en Madrid y Barcelona, que superaba el 80% en 1950, se desplomó al 16% y 23,6% respectivamente en 1990, tras décadas de control. Advierte que la propuesta de alquileres indefinidos implicaría la pérdida de posesión de los inmuebles por parte de los propietarios, desincentivando la oferta y reduciendo aún más el mercado.
La presión de la demanda y el riesgo de burbuja
Bernardos señala que el problema se ha agravado por una fuerte demanda de jóvenes que no pudieron comprar vivienda entre 2008 y 2020, ejerciendo presión sobre el mercado. La propiedad de vivienda entre menores de 30 años ha disminuido drásticamente, pasando del 59% en 2007 al 27% en 2024. A pesar del aumento de los precios, el economista descarta una burbuja similar a la de 2007, ya que la banca mantiene una política de crédito más prudente.
Para que los precios se desplomaran, deberían coincidir tres factores improbables: una crisis económica, problemas de solvencia en la banca y una subida drástica de los tipos de interés.
Propuestas para aumentar la oferta
Frente a este panorama, Bernardos propone un plan centrado en aumentar la oferta de vivienda.
Su principal medida consiste en ofrecer avales públicos a los promotores para la compra de suelo, a cambio de que el precio final de la vivienda sea “un poco más bajo que el de mercado”. Descarta la construcción de vivienda por parte de la administración pública, argumentando su ineficiencia histórica y el riesgo de que los inmuebles terminen en manos de fondos de inversión.
En su lugar, propone que la administración, como principal propietaria de suelo, lo ceda gratuitamente a los promotores a cambio de precios más bajos en las viviendas. También aboga por la creación de una figura de “agente urbanizador” para agilizar la conversión de suelo agrícola en residencial y reducir los tiempos de las licencias de construcción.
Críticas a la fiscalidad de la vivienda
Bernardos critica la alta carga fiscal que soporta la vivienda, denunciando que la administración es la que más especula. Afirma que los impuestos representan más del 40% del precio de la vivienda.
Según sus cálculos, eliminar estos impuestos permitiría reducir significativamente el precio de una vivienda, aunque duda que los gobiernos estén dispuestos a renunciar a la elevada recaudación que genera el sector.













