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La obligación de negociar con los okupas, impuesta por la reciente ley de eficiencia de la justicia, está generando demoras significativas en los procesos de desahucio en España. Esta normativa, en vigor desde el 3 de abril, exige a los propietarios intentar una negociación con los ocupantes ilegales antes de recurrir a los tribunales, utilizando los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).

Según expertos, si el propietario no puede demostrar este intento de acuerdo, el juez puede inadmitir la demanda. Esto ha suscitado preocupación sobre el impacto en el mercado del alquiler, ya que algunos temen que disuada a los propietarios de ofrecer sus propiedades en alquiler.

El Proceso de Negociación Obligatoria y sus Retrasos

Desde que el propietario plantea la negociación, el okupa tiene 30 días para responder.

Si no lo hace, se considera que el intento de acuerdo se ha realizado y el propietario puede acudir a los tribunales. Sin embargo, este mes de espera se suma a los 8 a 10 meses que tardan de media los tribunales en dictar sentencia, lo que agrava la situación de colapso en los juzgados.

Esta mediación obligatoria se aplica a todos los asuntos civiles, lo que ha aumentado la carga de trabajo de la administración de justicia, que ahora debe verificar el cumplimiento de todos los requisitos.

El Impacto en el Mercado Inmobiliario

Aunque no existen datos oficiales, se estima que a finales del año pasado había en España unas 23.000 viviendas ocupadas a la venta, lo que representa alrededor del 3% del total de inmuebles en el mercado. Esta situación puede obligar a los propietarios a vender sus propiedades a precios significativamente más bajos, ya que el comprador deberá asumir el proceso de desalojo.

Las Ciudades Más Afectadas por la Ocupación

Girona es la capital española más afectada por este fenómeno, seguida de cerca por Tarragona, Sevilla, Almería y Murcia. Otras ciudades como Lleida, Huelva, Huesca, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Málaga también se encuentran por encima de la media nacional.

Fin de la Moratoria de Desahucios y Nuevas Medidas del Gobierno

El contexto para arrendadores y arrendatarios ha cambiado tras el rechazo del Congreso al decreto ‘ómnibus’, que puso fin a la moratoria que impedía desahuciar por impago del alquiler a hogares vulnerables.

Esta anulación permite a los propietarios reclamar las rentas adeudadas y solicitar el levantamiento de la suspensión de los desahucios, con un plazo hasta el 2 de febrero de 2026 para reclamar el dinero.

Paralelamente, el Gobierno ha anunciado un nuevo real decreto ley para hacer frente a la crisis de la vivienda, centrado en regular el alquiler de temporada y el de habitaciones. Además, se contempla una bonificación fiscal del 100% en el IRPF para aquellos arrendadores que decidan no subir el precio del alquiler a sus inquilinos.