Trump, en guerra contra los Estados Unidos

“Observar el comportamiento humano confirma que, para algunos entre nosotros, la pérfida codicia de poder absoluto y la imposición de la crueldad en su búsqueda no conocen límites y carecen de toda decencia humana (…) Y que se vaya al diablo el Estado de derecho”. Así se expresó el magistrado Fred Biery, juez del Tribunal Oeste de Texas.

Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un modelo político para el mundo, destacando como el primer país en aprobar una Constitución (1787) y un ejemplo de democracia sólida y respetuosa con los derechos humanos. Sin embargo, esta imagen contrasta con la visión negativa que gran parte de la población estadounidense tiene de su sistema político y social, al que consideran poco representativo e inequitativo.

Este malestar, exacerbado por el continuo deterioro de las condiciones de vida de las clases populares durante la presidencia de Biden, ha facilitado el regreso de Trump a la Presidencia, a pesar de su intento de socavar la democracia instigando el asalto al Congreso.

Ante la falta de políticas para frenar el empobrecimiento de la clase trabajadora, Trump ha optado por señalar a migrantes y otros colectivos como responsables de los problemas de EEUU.

La Doctrina de la Seguridad Nacional aplicada internamente

Trump parece entender que “el mundo se rige por la fuerza“, según se indica en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de los EEUU publicada en septiembre de 2015. Desde el inicio de su segundo mandato, ha ignorado la división de poderes, legislando mediante decretos ejecutivos, incumpliendo resoluciones judiciales e incluso ordenando la detención de jueces que frenaban sus decisiones arbitrarias e ilegales. Está sustituyendo las leyes internas sobre derechos civiles y libertades públicas por un sistema de excepción donde su voluntad es la única ley.

El presidente modifica las funciones de las fuerzas armadas y policiales, restringiendo al máximo los derechos fundamentales, especialmente la libertad de movimiento de extranjeros y nacionales de origen extranjero, con la ayuda del Tribunal Supremo al autorizar detenciones por perfil racial. Señala a sus adversarios políticos como “enemigo interior” y tilda de “terroristas” a defensores de los derechos humanos, opositores al avance del fascismo o simplemente a quienes se oponen a sus arbitrariedades.

La guerra de Trump contra el “enemigo interior” reproduce el modelo y las fases de implementación de la doctrina de la “guerra contrainsurgente” aplicada tras la II Guerra Mundial contra la población de territorios que aspiraban a independizarse de metrópolis coloniales. Esta doctrina, iniciada por el ejército francés en Indochina y Argelia, fue reconvertida en “Doctrina de la Seguridad Nacional” por el ejército estadounidense y aplicada en Centro y Sudamérica desde finales de los años 50 hasta la década de los 80, causando miles de muertes y desapariciones de disidentes políticos.

Nunca antes se había aplicado esta doctrina dentro del territorio de los EEUU.

Características de la guerra contra el enemigo interior

Según la estudiosa de la doctrina contrainsurgente Marie Monique Robin, las características de la guerra contra un “enemigo interior” son principalmente:

Un extenso grupo de la población civil es considerado el “enemigo interior” a combatir, ya que es entre la población civil donde se camufla el enemigo difuso calificado como disidencia o subversión.
La eliminación de garantías jurídicas es condición sine qua non para abordar con éxito esta guerra. La legislación de excepción se convierte en arma esencial para eliminar al “enemigo interior“.
En el combate al enemigo interior se utilizan tanto cuerpos policiales como ejércitos regulares o grupos paramilitares que se encarguen de realizar las tareas más comprometidas –léase *ilegales*– de esta guerra.
La acción de “inteligencia” –acceso a información– sobre los colectivos de civiles a combatir se convierte en un arma de esa guerra.
Es necesaria la acción y guerra psicológica para el control efectivo del territorio y la población. Para ello el territorio se divide en zonas de intervención sobre la población civil.

Las acciones de Trump coinciden más con esta doctrina que con la del “enemigo difuso” utilizada durante la “guerra antiterrorista” iniciada por la administración Bush tras el 11-S con la aprobación de la Patriot Act de 2001, donde se combatía a enemigos exteriores.

Para Trump, el enemigo ya no es difuso ni externo, sino concreto e interior, y actúa “camuflado“, vestido de civil. Su Estrategia de Seguridad Nacional señala a la “invasión migratoria” y la “subversión cultural” como los “enemigos interiores“.

Respecto a la segunda característica señalada por Robin, Trump aprueba sistemáticamente legislación de excepción a través de decretos ejecutivos, tratando de impedir que el legislativo y el poder judicial realicen sus funciones constitucionales. Ha utilizado legislación de excepción para la detención de estudiantes extranjeros que se han opuesto al genocidio del pueblo palestino y ha aplicado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para realizar deportaciones, a pesar de que su uso actual ha sido declarado ilegal por la justicia estadounidense. También ha abierto “campos de detención” al margen de la legalidad, donde interna a extranjeros de todas las edades sin control judicial ni acceso de observadores independientes u organismos humanitarios.

Más de 30.000 inmigrantes han sido enviados desde EEUU a la base estadounidense de Guantánamo (Cuba) o al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de Bukele, en El Salvador, pagando por cada deportado, en un nuevo tráfico de seres humanos. Esta profusa utilización de la legislación de excepción está resolviendo la tensión entre libertad y seguridad interna a favor de la seguridad y en detrimento de las libertades civiles.

Estrategia de “shock” y control social

Trump no comete simples excesos en el manejo del orden público, sino que aplica una estrategia de “shock” para el control de la sociedad a la que ha señalado como enemigo interior, imponiendo un estado de excepción en el que fuerzas militares, paramilitares y policiales se ocupan del orden público y la seguridad interior. Esto coincide con la tercera característica señalada por Robin.

En septiembre de 2025, Trump convocó a los generales de las FFAA para ordenarles combatir al “enemigo interior“, argumentando que EEUU sufría una “invasión interior” organizada desde dentro, “más difícil de combatir que un enemigo externo porque no llevan uniformes“. Ha cesado a jefes militares que consideraba demasiado progresistas o por el mero hecho de ser mujeres, y ha desplegado a la Infantería de Marina y a la Guardia Nacional en ciudades de voto demócrata para perseguir al “enemigo interior“, a los migrantes y a sus opositores políticos.

En 2025, multiplicó por ocho el presupuesto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), convirtiendo a este cuerpo paramilitar en la primera fuerza policial del país, bajo órdenes de la Casa Blanca y sin respeto a las leyes internas o los derechos humanos.

Inteligencia y control predictivo

La utilización de la inteligencia sobre los grupos civiles considerados el enemigo interior es la cuarta característica de la guerra contrainsurgente que señala Robin. La US Border Patrol ha realizado acciones de inteligencia mediante el monitoreo de la población, extrayendo “patrones de conducción” de los automovilistas. Una gran red de cámaras está siendo utilizada para vigilar masivamente movimientos de vehículos, identificar matrículas y detectar “rutas anómalas“.

En julio, el Gobierno anunció un contrato con Palantir para control predictivo de inmigración a través de inteligencia artificial, una alianza entre Trump y el oligopolio tecnológico para generalizar políticas autoritarias de control policial de la sociedad.

Guerra psicológica y control territorial

La quinta característica del modelo de Robin es la acción y guerra psicológica para el control efectivo del territorio y la población. Trump ha seleccionado colectivos civiles a perseguir –migrantes y opositores– y ciudades o territorios de intervención preferente. Ha puesto en marcha estrategias de terror, persecución y amedrentamiento psicológico de tal magnitud que la población migrante permanece encerrada en sus domicilios.

Trump es un peligro para el mundo, pero aún más para los EEUU.

Es el único presidente que se ha atrevido a aplicar la Doctrina de la Seguridad Nacional dentro de su país, a su población civil. Sus decisiones indican que su intención es acabar con un amplio grupo social y con la democracia. No oculta su objetivo de intervenir e incluso suprimir los procesos electorales.

No es un secreto que pretende intervenir tanto en las elecciones legislativas de noviembre de este año como en las presidenciales de 2028. “No deberíamos tener elecciones“, dijo el pasado 20 de enero.

Todo esto, que parece una exageración, una distopía cinematográfica, está ocurriendo a velocidad de vértigo.