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El eurodiputado del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, ha expresado su profunda preocupación al cumplirse dos años del asesinato de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez en el puerto de Barbate, señalando que la situación en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar no ha experimentado mejoras significativas.

En declaraciones a un medio local, Zoido, quien fuera ministro del Interior, lamentó que la tragedia del 9 de febrero de 2024 no haya derivado en medidas concretas y efectivas para proteger y equipar adecuadamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La visita al Campo de Gibraltar y las advertencias ignoradas

Zoido participó en la misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó las provincias de Cádiz y Sevilla en mayo de 2025 para evaluar las condiciones laborales de los agentes. Tras esta visita, se emitió un informe que alertaba sobre la precariedad de las condiciones y el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico. Sin embargo, según el eurodiputado, estas advertencias no han sido atendidas.

Propuestas para reforzar la seguridad de los agentes

El dirigente del PP ha insistido en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y el marco legal que protege la labor de los agentes, afirmando que “no podemos consentir que se pierda el control en Barbate ni en ningún punto del litoral gaditano”.

En este sentido, Zoido ha propuesto que se reconozca a los miembros de las Fuerzas de Seguridad como profesión de riesgo y que se les proporcione los recursos materiales y tecnológicos necesarios para enfrentar a las organizaciones criminales, que son cada vez más violentas y están mejor equipadas. “Los delincuentes no deben disponer de más recursos que la propia Guardia Civil o la Policía Nacional”, enfatizó.

Considerar los ataques a agentes como “eurodelitos”

Zoido también ha reiterado su apoyo a la propuesta de que los ataques a los agentes sean considerados “eurodelitos”, con el objetivo de establecer una respuesta coordinada y contundente a nivel europeo contra las agresiones a las fuerzas del orden.

Esta fue una de las conclusiones del informe elaborado tras la visita de la misión europea al Campo de Gibraltar.

El caso judicial y la lentitud del proceso

El proceso judicial por la muerte de los dos agentes avanza lentamente. Cuatro personas fueron detenidas en relación con los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2024.

El principal acusado, Karim E.B., presunto piloto de la narcolancha que embistió la patrullera de la Guardia Civil, será juzgado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Cádiz. Junto a él, otro tripulante será juzgado por atentado agravado contra la autoridad, acusado de apuntar con un láser a los agentes antes de la colisión.

Otros dos tripulantes fueron arrestados y posteriormente puestos en libertad bajo fianza, y serán juzgados en un procedimiento separado por delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue clave para identificar a los responsables. Zoido ha destacado que este caso demuestra “la magnitud del desafío” que enfrentan los cuerpos de seguridad en la zona, donde las redes de narcotráfico operan “con una violencia inaceptable”.

Un llamamiento a la acción

“Dos años después seguimos reclamando lo mismo: respeto, medios y protección para quienes se juegan la vida por todos”, concluyó el eurodiputado, apelando a la responsabilidad del Gobierno y de las instituciones europeas para actuar “antes de que otra tragedia vuelva a repetirse”.