Cataluña Impone la Primera Sanción por Racismo Inmobiliario a una Agencia

La Generalitat de Cataluña ha impuesto la primera sanción por racismo inmobiliario a una agencia de Mataró, multándola con 10.001 euros y prohibiéndole contratar con la administración pública y recibir ayudas o subvenciones durante un año. La razón detrás de esta medida es la denegación de acceso a un piso de alquiler a un hombre de origen marroquí.

Hamid, la víctima de discriminación, es un comercial que, cansado de presenciar cómo el mercado inmobiliario discriminaba a personas como él, decidió iniciar una campaña para denunciar estas prácticas. Desde 2022, Hamid se dedicó a contactar a diversas agencias inmobiliarias de su ciudad, interesándose por pisos y comprobando que, al conocer sus apellidos, las puertas se cerraban, a pesar de tener permiso de residencia y una nómina estable.

Eva Menor, consellera de Igualdad, declaró que el racismo inmobiliario no es una opinión ni una percepción subjetiva, sino una discriminación reconocida legalmente y que, por lo tanto, debe ser sancionada. Menor se mostró satisfecha con esta primera multa, aunque aún cabe recurso.

El Observatorio DESCA, que ha acompañado a Hamid en este proceso, criticó a la administración catalana por no haber impuesto ninguna sanción hasta ahora, a pesar de que el marco legal que regula el racismo inmobiliario es claro. Hamid señaló que, aunque está contento con la multa, el daño ya está hecho y que él es solo la cara visible de un racismo que sufren miles de personas a diario.

Proceso de Denuncia y Archivo de Casos. Hamid presentó las primeras denuncias en febrero de 2022. Nueve de ellas fueron archivadas tras pasar por el Ayuntamiento de Mataró, la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), la Agència Catalana de Consum (ACC) y la Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació (OITND). El plazo de prescripción de los expedientes sancionadores una vez abiertos es de seis meses.

Menor reconoció que este tipo de denuncias han dado muchas vueltas por la administración, pero aseguró que a raíz de este caso han aprendido mucho y han establecido los límites en las competencias de cada agencia para que las denuncias lleguen directamente a quien pueda abrir el expediente.

Desde el Observatorio DESCA explican que todas las agencias en las que han recaído las denuncias de Hamid tienen competencias para abordar el racismo inmobiliario, pero que se han ido pasando la pelota porque es un tema que les incomoda mucho, según Miguel Ruiz, abogado del denunciante. “Estamos ante un caso de mal hacer de la administración”, afirmó el letrado.

El Ejecutivo niega que puedan reabrir casos ya archivados, pero asegura que los que vengan a partir de ahora se tramitarán más rápido. Además de la sanción anunciada, tienen más expedientes en marcha, dos de los cuales también parten de denuncias de Hamid.

El Periplo Administrativo de la Denuncia

Esta primera sanción se basa en una denuncia del 3 de abril de 2024. En enero, Hamid se interesó por un piso que la inmobiliaria Fingerprint de Mataró alquilaba por 1.500 euros al mes, pero no recibió respuesta. Días después, un amigo suyo, con nombre y apellidos catalanes, hizo la misma solicitud y recibió respuesta en menos de 10 minutos, ofreciéndole una visita.

Hamid se presentó a la cita, pero el agente inmobiliario le dijo que el piso ya estaba reservado. Hamid le reprochó que no quisiera enseñarle la casa por ser marroquí, a lo que el agente respondió: “Eso, eso también es verdad. Pero no tiene nada que ver con eso”, según una grabación aportada por el denunciante.

La denuncia se presentó en el Ayuntamiento de Mataró en abril, y el consistorio remitió el caso a la Agència d’Habitatge de Catalunya en junio, argumentando falta de medios. En septiembre, se derivó a la Agència Catalana de Consum, y en marzo de 2025, la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación (OITND) inició el procedimiento sancionador. La sentencia llegó en enero de 2026.

La Generalitat considera que los hechos suponen una infracción grave, con multas de entre 10.001 y 40.000 euros, ya que consideran probado que la inmobiliaria denegó el acceso a Hamid por motivos de “raza, origen étnico o color de piel”.

Miguel Ruiz, abogado del denunciante, critica que la sanción sea la menor prevista por la ley: “No puede ser que salga más barato incumplir la ley que cumplirla”. La Generalitat se justifica argumentando que no se ha percibido “reiteración en el incumplimiento de advertencias o comportamientos discriminatorios”.

La sentencia establece el reconocimiento de daños y perjuicios causados a Hamid, incluido el daño moral, lo que abre la puerta a otra denuncia para ser indemnizado personalmente. El abogado buscará que su cliente sea indemnizado, no solo económicamente, sino también con una garantía de no repetición, intentando primero la mediación y, si no funciona, recurriendo a los tribunales.

El Racismo Inmobiliario: Una Lacra Arraigada

El 65% de las personas extranjeras que buscan piso se han encontrado con estrategias de bloqueo por parte de los agentes inmobiliarios, según un informe publicado por Provivienda. El estudio constata que la discriminación es una barrera en el ya complejo mercado inmobiliario.

A pesar de ello, hay pocas sanciones por esta lacra. La primera llegó en 2021, impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona, aunque la ley catalana de vivienda las contempla desde 2007.

El Observatorio DESCA asegura que esta sanción es “imprescindible” para “enviar un mensaje muy claro a las inmobiliarias”, que se están erigiendo “como agentes de fronteras, que deciden quién puede vivir y quién no en según qué barrios”, según Ruiz. Hamid añade que, después de cuatro años buscando un piso nuevo, los únicos inmuebles que le han enseñado son “los que los nacionales no quieren”.

Laura Rodríguez, de SOS Racisme, alerta de que el racismo inmobiliario se asienta sobre “unos estereotipos que tiene el propietario y que las agencias están permitiendo”. La entidad alerta de que esta discriminación no se trata solo de no poder encontrar un piso, sino que también “agrava la crisis de derechos humanos del colectivo racializado”.

Hay muchos más casos de los que se denuncian, por lo que demandan a la Generalitat que actúe de oficio y disponga recursos para hacer inspecciones y que la responsabilidad para sancionar estas prácticas no recaiga solo sobre los afectados, que suelen ser personas “vulnerabilizadas cuya principal preocupación es, simplemente, encontrar un lugar para vivir”, asegura Rodríguez.

La Generalitat argumenta que, hasta ahora, no estaban claras las competencias y atribuciones de las diferentes agencias implicadas en cuestiones inmobiliarias, un hándicap que ya han alertado entidades y organismos como la Sindicatura de Greuges, que pidió una centralización de los expedientes.

El departament de Menor prepara un informe sobre la situación del racismo inmobiliario en Cataluña, así como una guía de buenas prácticas. “En un momento en que el discurso de odio genera tanto miedo en la sociedad, es importante destacar los buenos ejemplos”, subraya la consellera.