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El Ayuntamiento de Pamplona ha anunciado una nueva licitación para implementar un servicio municipal de bicicleta eléctrica, con el objetivo de que esté operativo en diciembre. Esta decisión se produce tras el “deterioro en la prestación del servicio” y el anuncio de la empresa concesionaria actual de finalizarlo este mismo viernes, según Joxe Abaurrea, Concejal Delegado de Gobierno Estratégico.

El gobierno municipal tiene previsto lanzar el pliego en marzo y adjudicarlo antes del verano, en julio. Para garantizar la continuidad del servicio, el consistorio está trabajando en una “transición ordenada” con la empresa actual, buscando un acuerdo que permita mantener la operativa sin interrupciones hasta la llegada del nuevo sistema.

Negociaciones y Condiciones Clave

Las negociaciones en curso exigen dos condiciones fundamentales: garantizar una “calidad básica” del servicio durante el periodo de transición y que el Ayuntamiento asuma un “control directísimo” de la contabilidad y los pagos.

Un punto clave del acuerdo es el futuro del dinero que los usuarios tienen en sus monederos virtuales. El plan permitiría a los usuarios consumir el saldo acumulado, eliminando la limitación actual de 5 euros.

El Ayuntamiento ha garantizado la devolución de estas cantidades. “Nadie que tenga puesto dinero en el sistema de eléctrica actualmente va a dejar de cobrarlo”, ha asegurado el portavoz municipal. Además, se buscará dar “continuidad a la plantilla actual”, cuyo esfuerzo ha sido reconocido.

Nuevo Contrato y Mejoras

El nuevo contrato tendrá una duración de 10 años para permitir la amortización de la inversión necesaria, con un coste aproximado de un millón de euros anuales. El pliego exigirá bicicletas de “última generación”, cómodas y con pocas averías; una “buena prestación logística” para asegurar la disponibilidad de vehículos en las bases; y la adquisición permanente de material de recambio para agilizar las reparaciones.

Una de las novedades destacadas es la inclusión de la “comarcalización” desde el principio.

El pliego contemplará dos fases: una primera en la que el Ayuntamiento podrá firmar acuerdos bilaterales con otros municipios para extender el servicio, y una segunda que prevé la traslación del contrato a la Mancomunidad, con el objetivo final de integrarlo como un servicio más de movilidad sostenible a nivel comarcal.

Orígenes de la Problemática

El responsable municipal ha calificado la situación actual como la consecuencia de una “mala concesión y una mala gestión” inicial. Según ha explicado, el servicio se articuló a través de una concesión demanial, una fórmula atípica similar a la de un quiosco, y se vendió a la ciudadanía con un “coste cero” que se demostró inviable.

Los problemas, según el consistorio, se arrastran desde 2021, con dificultades de liquidez y problemas en las empresas asociadas. En caso de no alcanzarse un acuerdo para la transición, el Ayuntamiento acudirá a los tribunales para solicitar un concurso de acreedores necesario. Esta vía podría implicar una suspensión temporal del servicio no superior a un mes, pero permitiría trabajar con un administrador concursal para mantener una transición hasta la implantación del nuevo sistema.