URGENTE: Familia con discapacidad al borde del desahucio en Vitoria
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Una familia residente en Vitoria, con una integrante con discapacidad, se enfrenta a un inminente desahucio programado para el próximo viernes 13 de febrero. La situación ha generado alarma debido a la vulnerabilidad social y la falta de soluciones habitacionales por parte de las instituciones.
La cruda realidad: Discapacidad, precariedad y un desahucio en puerta
Laura, diagnosticada en 2024 con un trastorno neuromuscular que le otorga un 38% de discapacidad, no puede trabajar. Su esposo, quien es su cuidador principal, también se encarga del cuidado de sus dos hijos de 11 y 16 años. La familia subsiste con una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de 1.495,55 euros mensuales, monto que se verá reducido a 1.090,24 euros durante los próximos tres años debido a un reintegro obligatorio a Lanbide.
Ante la imposibilidad de afrontar el pago del alquiler, la familia solicitó un aplazamiento del desahucio. Sin embargo, el Tribunal de Instancia de Vitoria denegó la suspensión, argumentando la falta de comprobación de la vulnerabilidad económica de la familia, basándose en un informe que señala la ausencia de documentación aportada para dicha valoración y la falta de colaboración con los Servicios Sociales.
La defensa de la familia y la intervención del Ararteko
Laura niega rotundamente haberse negado a la valoración económica y asegura haber colaborado con los servicios sociales. “Hemos hecho todo lo que nos han pedido, entregado la documentación y atendido a las citas”, afirma.
Ante la desesperación, la familia elevó una queja ante el Ararteko (defensoría vasca del pueblo), quien solicitó al Ayuntamiento de Vitoria revisar su decisión de no formular una solicitud de adjudicación directa de vivienda de protección pública para la familia, dado que están inscritos como demandantes de vivienda pública en Etxebide.
El Ararteko argumenta que no existe justificación para la negativa del Ayuntamiento a tramitar el procedimiento de adjudicación extraordinario, considerando que la familia pertenece al colectivo de especial necesidad de vivienda. A pesar de la intervención, el Ayuntamiento no ha respondido al requerimiento.
Un grito de auxilio y la respuesta del Ayuntamiento
“Nos sentimos abandonados por las instituciones”, lamenta Laura. “No queremos dinero, solo una vivienda digna”. La familia teme que el viernes sean separados, con Laura y su esposo en un albergue y sus hijos bajo la tutela de servicios sociales.
Consultado sobre el caso, el Ayuntamiento de Vitoria alega que para elaborar el informe de vulnerabilidad económica, se solicitó a la familia la documentación correspondiente, la cual no fue aportada. Laura niega esta afirmación, asegurando que desde 2024 han proporcionado toda la información solicitada y cuentan con justificantes de la entrega de documentos.
La familia se encuentra a la espera de una solución que les evite quedar en la calle el próximo 13 de febrero.
