La Verdadera "Crisis Migratoria" es Laboral

Como ocurrió con la crítica al genocidio en Palestina, el Gobierno de España ha emergido como un referente internacional por su política migratoria. En un contexto global donde los gobiernos occidentales tienden a endurecer las restricciones migratorias, el gobierno de coalición español ha anunciado la regularización de aproximadamente 500.000 inmigrantes en situación irregular. Este movimiento, que va a contracorriente de la política dominante, ha captado la atención internacional, especialmente al coincidir con un período de fuerte represión anti-migratoria en Estados Unidos.

El debate sobre la inmigración suele polarizarse entre quienes abogan por fronteras abiertas, argumentando derechos naturales o beneficios económicos, y quienes defienden la restricción migratoria, alegando perjuicios económicos, inestabilidad social o amenazas al Estado del Bienestar. Sin embargo, estas posturas a menudo ignoran un aspecto crucial: el papel de la migración como mano de obra barata dentro de la dinámica capitalista.

Las Migraciones en Perspectiva Histórica

La mayoría de las personas no desean emigrar; lo hacen impulsadas por factores políticos, sociales, ecológicos o económicos. No obstante, su destino no es aleatorio, sino que se dirigen hacia lugares con demanda de mano de obra. La lógica capitalista ejerce una influencia significativa en los flujos migratorios.

Desde el siglo XVI, las primeras grandes migraciones estuvieron ligadas al trabajo esclavo y a la servidumbre. Millones de africanos fueron forzados a trabajar en las plantaciones coloniales, constituyendo un pilar para el flujo de bienes de consumo baratos hacia los países coloniales y beneficiando a las naciones occidentales con salarios reales más altos.

Las plantaciones esclavistas, precursoras de las fábricas modernas, evidenciaron que la expansión de la demanda de mano de obra ha sido un factor clave en la activación de los movimientos migratorios. Incluso en regiones donde inicialmente se recurrió a la población indígena o blanca, la demanda laboral superó la oferta, impulsando el uso de esclavos africanos.

En el siglo XIX, la reducción de los costos de los viajes transatlánticos facilitó nuevas migraciones masivas. Más de 55 millones de europeos se dirigieron a América, donde su mano de obra, más barata que la nativa, impulsó el crecimiento e industrialización, especialmente en Estados Unidos. Hasta el período de entreguerras, la movilidad internacional era más flexible, aunque marcada por jerarquías coloniales y raciales.

Tras las Guerras Mundiales, los flujos migratorios se volvieron más controlados e institucionalizados. Sin embargo, la inmigración continuó siendo crucial para la recuperación económica europea, proporcionando mano de obra barata a través de programas estatales y flujos irregulares. En la era neoliberal, la demanda de mano de obra siguió impulsando las migraciones, incluso en países del Golfo Pérsico, donde la mano de obra migrante supera el 50% de la población, sujeta al sistema *kafala* que limita su movilidad y derechos.

A este patrón histórico se suma la crisis ecológica global, con la degradación de suelos, el estrés hídrico, los impactos climáticos y la pérdida de medios de vida rurales actuando como factores de expulsión, especialmente en las periferias del sistema mundial. No obstante, es la estructura productiva de las economías receptoras la que determina las condiciones de incorporación al mercado laboral.

Precariedad y Explotación Migrante

En esta dinámica capitalista, donde el ser humano es un recurso explotable, existe una demanda estructural de mano de obra en las economías industrializadas. Los inmigrantes suelen ocupar puestos de bajo valor añadido en sectores como la construcción, limpieza, hostelería y cuidados. El bienestar de las poblaciones occidentales depende en gran medida de esta economía del cuidado migrante, cuyas condiciones laborales son precarias, especialmente en situaciones de irregularidad.

Los migrantes aceptan peores condiciones laborales debido a su posición jurídica y social, lo que debilita su capacidad de negociación y facilita salarios bajos, flexibilidad forzada y menores costos de despido. Esto genera una segmentación del mercado con consecuencias socioeconómicas significativas. En España, por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza entre los nacidos en el extranjero es significativamente mayor que la de los nacidos en el país.

El flujo migratorio se regula en función de las necesidades del capital. Durante las crisis económicas, los migrantes son devueltos a sus países de origen, mientras que las políticas migratorias actúan como una válvula que se abre y cierra, con redadas y deportaciones que aumentan cuando el recurso ya no es necesario.

La irregularidad hace a los inmigrantes vulnerables, pues la amenaza de deportación es una forma de disciplinar la mano de obra y facilitar su explotación. En Estados Unidos, millones de inmigrantes irregulares contribuyen con impuestos y consumo, pero carecen de derechos políticos y deben aceptar las condiciones laborales impuestas por sus empleadores.

La propuesta del Gobierno español de regularizar a los inmigrantes es un paso en la dirección correcta, al reconocer derechos a personas que ya viven y trabajan en la sociedad. Sin embargo, es crucial implementar una política laboral activa que refuerce la inspección de trabajo, persiga la subcontratación fraudulenta, extienda la negociación colectiva y sancione a los empleadores que se aprovechan de la irregularidad. De lo contrario, la regularización podría resultar insuficiente.

Solidaridad de Clase

Es fundamental evitar la mistificación del origen de los bienes y servicios que se consumen en los países desarrollados. Una parte considerable del consumo-bienestar es barato debido a la explotación de recursos naturales y de personas, tanto a nivel global como local. Así como la ropa barata se produce con mano de obra explotada en las periferias, parte del sistema alimentario y de cuidados se basa en la superexplotación de migrantes a nivel nacional.

La competencia entre trabajadores no es una consecuencia natural de la inmigración, sino de la desigualdad de derechos. Cuando una parte de la fuerza laboral carece de estabilidad jurídica, protección sindical y capacidad para denunciar abusos, se genera una presión a la baja sobre salarios y condiciones que afecta a toda la clase trabajadora. La solución no es reducir la inmigración, sino disminuir la segmentación institucional del mercado de trabajo.

Frente a los discursos que presentan la inmigración como una amenaza para los trabajadores nativos, existe la oportunidad de construir alianzas pro-trabajo que busquen mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora en su conjunto. En este sentido, tanto el sindicalismo como el gobierno han dado pasos importantes, regularizando migrantes, subiendo el salario mínimo y persiguiendo la explotación laboral. En última instancia, la cuestión migratoria no es un problema de fronteras, sino de organización social del trabajo en un capitalismo que consume y agota a las personas y al planeta.