MÁS ALLÁ DEL LADRILLO: LA POLÍTICA DE VIVIENDA COMO POLÍTICA DE SALUD

En España, el debate sobre la vivienda a menudo se reduce a la disponibilidad de terrenos, metros cuadrados, precios e hipotecas. Sin embargo, implícitamente, se está discutiendo sobre salud pública y esperanza de vida. La evidencia comparada demuestra que la vivienda es fundamentalmente un problema de bienestar y salud pública de primer orden.

El tipo de vivienda en la que se vive –si está sobreocupada, si se sufre frío o calor, si hay humedades, si el alquiler consume la mitad del salario– influye en la salud física y mental, la autonomía en la vejez e incluso en las oportunidades educativas de los hijos.

La desconexión entre salud y vivienda en España

En España, la desconexión entre el derecho a la salud, ampliamente protegido y gestionado como un pilar básico universal, y el derecho a la vivienda, relegado a un principio rector de la política económica en el artículo 47 de la Constitución, ha generado una fractura social con consecuencias innegables.

En este contexto, la dimensión sanitaria de la crisis residencial suele quedar eclipsada por el encarecimiento del alquiler, la dificultad de emancipación juvenil o los desahucios. Datos recientes revelan que una parte creciente de la población vive en condiciones de privación severa de vivienda: sobreocupación, infravivienda, problemas estructurales (humedades, filtraciones, moho), dificultades para mantener una temperatura adecuada o barrios expuestos al ruido, la contaminación y la inseguridad. Se estima que en 2020, cerca del 20% de la población en España vivía en viviendas con humedades o filtraciones, superando la media europea. Además, el “overburden” –hogares que destinan más del 40% de sus ingresos a los gastos de vivienda– aumenta el riesgo de pobreza y limita el gasto en alimentación, energía o cuidados.

Invertir en vivienda asequible: una intervención en salud

Invertir en vivienda asequible es una de las intervenciones en salud más ambiciosas y eficientes que un Estado puede emprender en el siglo XXI. La vivienda, hoy en día, es un pilar fundamental del bienestar, pues el mercado impera sobre una necesidad básica, obligando a las familias a realizar equilibrios imposibles entre el pago del alquiler y el mantenimiento de una vida saludable.

La complejidad de la crisis habitacional se manifiesta en múltiples capas que erosionan el cuerpo y la mente de forma silenciosa. No se trata solo de la falta de un techo, sino también de la infravivienda, la sobreocupación y la incapacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada.

La pobreza energética, que en climas mediterráneos se traduce tanto en el frío invernal como en el estrés térmico estival, es directamente responsable de un aumento en la mortalidad prematura y de patologías respiratorias crónicas. A esto se suma el impacto devastador del “overburden” financiero: cuando una familia destina más del 40% o incluso el 50% de sus ingresos al alquiler, el sistema sanitario comienza a asumir las consecuencias. El estrés crónico derivado de la inseguridad residencial –el miedo al desahucio o a la no renovación del contrato– altera el sistema inmune y dispara los cuadros de ansiedad y depresión. En España, diversos estudios académicos han demostrado que el consumo de psicofármacos está estrechamente ligado a la precariedad habitacional.

En muchos casos, se están recetando ansiolíticos para tratar problemas que se resolverían con un parque público de vivienda en alquiler estable y asequible.

El modelo familiarista y la necesidad de un cambio

Esta situación se agrava por el modelo de bienestar históricamente “familiarista” de España. Durante décadas, el Estado español delegó la protección social en la propiedad privada y en la red de apoyo familiar, asumiendo que la familia compensaba la falta de vivienda pública.

Sin embargo, este modelo ha colapsado ante la precariedad laboral y el auge de precios especulativos. El “familiarismo” ya no protege como antes; hoy, más bien, segrega. Quien no hereda o no tiene red familiar queda expuesto a un sistema de tenencia dual, donde el alquiler es un terreno hostil, costoso y carente de las protecciones que sí tiene un propietario. La evidencia internacional demuestra que por cada tres euros invertidos en mejorar las condiciones de vivienda de la población, el sistema público recupera dos euros en apenas un año a través del ahorro en gastos médicos, hospitalizaciones y servicios sociales.

Países como Finlandia, con su programa *Housing First*, han demostrado que proporcionar una vivienda estable es el primer paso, y el más barato a largo plazo, para tratar enfermedades crónicas y problemas de exclusión extrema.

La importancia de la proximidad en las políticas públicas

Uno de los mayores retos para revertir esta situación es la fragmentación de las políticas públicas. Iniciativas como “Vivienda 47” del gobierno central son necesarias, pero corren el riesgo de quedar aisladas si no se articulan con las políticas de salud y servicios sociales. Aquí es donde el concepto de proximidad adquiere una relevancia estratégica.

La relación entre vivienda y salud se gestiona mejor cuanto más cerca está la capacidad de decisión del problema real. Los municipios y las áreas metropolitanas son los espacios donde la “acupuntura urbana” puede detectar qué barrio sufre más por el hacinamiento o dónde la falta de aislamiento está provocando ingresos hospitalarios recurrentes. Cuando la política se aleja del territorio, la vivienda se convierte en un frío dato estadístico; cuando se gestiona desde la proximidad, se entiende como una infraestructura de cuidados. La integración de políticas no es solo una cuestión administrativa, sino una necesidad operativa: un médico de familia debería poder “recetar” una mejora en el aislamiento de una vivienda de la misma forma que receta un inhalador para el asma.

La vivienda como inversión en salud

La escasez de vivienda accesible es una externalidad negativa que el mercado traslada al sistema sanitario público. Si España aspira a mantener su salud pública en niveles aceptables, debe entender que la sanidad universal no termina en la puerta del hospital, sino que empieza en la puerta de casa. No habrá salud sin un suelo desmercantilizado y sin una política habitacional valiente que entienda que el derecho a un techo digno es la vacuna más eficaz contra la desigualdad y la enfermedad. Invertir en vivienda es la mejor receta médica que podemos prescribir para el futuro de nuestra sociedad.