Nueva Ley busca frenar la privatización de hospitales en España
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El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una iniciativa que busca dejar atrás la ley de 1997 que, bajo el gobierno de José María Aznar, abrió la puerta a la privatización del sistema sanitario español.
La nueva normativa establece requisitos y controles más estrictos para las comunidades autónomas que deseen externalizar servicios o la gestión de centros sanitarios.
¿Qué establecía la Ley de Aznar de 1997?
La ley aprobada el 10 de abril de 1997 permitía que la gestión y administración de centros, servicios y establecimientos sanitarios pudieran llevarse a cabo de forma directa o indirecta, a través de entidades de naturaleza pública admitidas en Derecho. Además, permitía la prestación y gestión de servicios sanitarios mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas.
Esta norma, que contó con el apoyo de 290 diputados de diferentes partidos políticos, facilitó la entrada de empresas privadas al Sistema Nacional de Salud.
Consecuencias de la privatización
El último informe sobre la Sanidad Privada revela un aumento del 36,8% en el número de hospitales privados integrados en la red pública, lo que implica que el 30,7% de los hospitales del SNS tienen “dependencia funcional privada”. Además, el gasto en este tipo de centros se incrementó un 84,6% entre 2011 y 2023.
En 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6% de las altas registradas en centros de gestión privada que no forman parte del sistema público fueron financiadas con fondos públicos, lo que significa que las arcas públicas financian cada vez más el negocio de las empresas de sanidad privada.
¿Por qué el Ministerio busca frenar la privatización?
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado prácticas como la priorización de pacientes rentables en detrimento de otros y la multiplicación de pacientes captados de la sanidad pública por parte de grupos sanitarios privados.
El Ministerio argumenta que la gestión privada no es más eficiente que la pública. Un análisis de 38 países de la OCDE concluyó que no existe evidencia favorable a la privatización en términos de eficiencia, y que los sistemas públicos hacen un mejor uso de los recursos.
En España, modelos de gestión indirecta han obtenido peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares. Además, la privatización se asocia con una reducción de plantillas que puede afectar la calidad asistencial.
Los hospitales en manos privadas tienden a evitar las pruebas más costosas, que son asumidas por el sistema público. El sistema público asume el 95% de los procesos asistenciales más costosos.
El modelo Alzira y la situación en Madrid
La Comunidad Valenciana fue la primera en permitir que una empresa privada gestionara un hospital público a cambio de un canon anual, dando origen al modelo Alzira.
En Madrid, el Gobierno ha pagado 1.268 millones de euros entre 2018 y 2023 a empresas privadas.
¿Cómo la nueva ley pretende frenar la privatización?
El anteproyecto establece que solo se podrá optar por la gestión indirecta cuando no sea posible la gestión directa, se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia, y se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
La norma priorizará a entidades sin ánimo de lucro en la externalización de servicios y establece un procedimiento de evaluación que incluye un comité de expertos que analizará la memoria justificativa de cada propuesta de externalización. Toda la documentación será pública.
En caso de externalización de servicios, se requerirá un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera.
Control y auditoría
Las empresas que gestionen hospitales públicos deberán someterse a una auditoría anual de sus cuentas y habrá un control sobre las condiciones de su personal. Se realizarán controles de calidad de los servicios prestados y las comunidades autónomas deberán publicar información sobre el estado de la concesión.
¿Qué ocurre con los hospitales ya privatizados?
La nueva ley no afecta a los hospitales ya privatizados, pero busca facilitar que vuelvan a ser públicos al finalizar el contrato con la empresa privada o si se desea adelantar la reversión. La norma prevé el asesoramiento técnico de la Alta Inspección del SNS a las administraciones que deseen revertir servicios previamente externalizados.
Tramitación de la ley
El anteproyecto deberá ser sometido a aportaciones de otros ministerios e informes de organismos estatales. Posteriormente, volverá al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y, finalmente, se enviará al Congreso para su tramitación parlamentaria.
