Imputados por homicidio imprudente los responsables de la mina de Zarréu tras la muerte de cinco mineros
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El Juzgado de Cangas del Narcea ha imputado cinco delitos de homicidio por imprudencia a Jesús Rodríguez Morán, conocido como ‘Chus Mirantes’ (dueño de Combayl), a su esposa Ana María Rodríguez, a su hijo Adrián, y al director facultativo de la explotación minera y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas. La decisión se produce tras el levantamiento del secreto de sumario por el accidente laboral ocurrido en la mina de Zarréu (Degaña, Asturias) el pasado 31 de marzo, donde fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.
Además de los delitos de homicidio imprudente, se les investiga también por cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.
El juzgado ha ordenado el embargo de 1.150.000 euros de las cuentas de los investigados como medida cautelar para garantizar la posible responsabilidad civil.
El silencio ante la comisión parlamentaria
Los cuatro investigados se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la comisión de investigación constituida en el parlamento asturiano para esclarecer las posibles responsabilidades del siniestro, argumentando el respeto a las actuaciones judiciales en curso.
Jesús Rodríguez Morán compareció ante los diputados asturianos el 27 de enero, pero evitó responder a las preguntas, amparándose en la necesidad de “preservar el derecho fundamental de la defensa”. En su intervención, leyó un texto donde explicaba que su negativa a declarar no debía interpretarse como “falta de colaboración, sino como necesidad de prudencia legal”.
Días después, su hijo Adrián Rodríguez también optó por el silencio, manifestando su dolor por el accidente y expresando sus condolencias a las familias de las víctimas: Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez.
“Siento de veras que mi silencio sea hoy la única solución de contribuir a la investigación y que llegue a su fin de la manera más limpia posible”, declaró el administrador único de Blue Solving.
Confianza en la justicia y búsqueda de la verdad
Adrián Rodríguez expresó su confianza en que la justicia “ponga las cosas en su lugar para dar paz a quienes más hoy lo sufren”. Asimismo, manifestó su deseo de que “la verdad resplandezca y las familias obtengan las respuestas que necesitan” y que la justicia “debe trabajar en paz sin ruidos ni presiones”.
Ana María Rodríguez, administradora única de Combayl, también se acogió a su derecho a no declarar, argumentando que “el silencio es la mejor forma de colaborar” para que la investigación “llegue a buen término”.
De igual forma, José Antonio Fernández Casillas, responsable de seguridad en la mina en el momento del accidente, se acogió a su derecho a no declarar, aunque expresó su “absoluta disposición a continuar colaborando” con el esclarecimiento de las causas del accidente mortal, al estar la causa bajo secreto de sumario.
Investigación en curso
Con el levantamiento del secreto de sumario, los representantes legales de los investigados podrán acceder a las diligencias de investigación para conocer las acusaciones en su contra y esclarecer los hechos ocurridos el 31 de marzo.
Las primeras investigaciones apuntaron a una explosión de grisú como causa del accidente. Uno de los puntos clave de la investigación es determinar si se realizaban extracciones ilegales de carbón en la mina, ya que la empresa no contaba con licencia para este tipo de actividad.
