Sumar reclama al Gobierno que cumpla la Ley Trans para garantizar el cambio de sexo legal de los extranjeros

El grupo plurinacional de Sumar ha presentado en el Congreso una pregunta escrita al Gobierno para reclamarle que ponga en marcha el reglamento al que obliga la Ley Trans para que los extranjeros puedan modificar su nombre y sexo legal. Dos años después de que la norma entrara en vigor, el Ejecutivo aún no habilitado los procedimientos para que estas personas puedan ejercer un derecho que el texto les reconoce, un incumplimiento que impacta en su día a día y que llevan meses denunciando las organizaciones LGTBI.

Una situación que “está generando no solo una evidente inseguridad jurídica sino situaciones de clara discriminación”, apunta Sumar en la pregunta, registrada por las diputadas Viviane Ogou y Júlia Boada. El texto se hace eco de la dificultad que están teniendo personas trans extranjeras que no pueden modificar sus datos en sus países de origen, incluidas solicitantes de asilo, para acceder a la rectificación registral.

La ley dio en marzo de 2023 un año al Gobierno para “habilitar la vía reglamentaria” adecuada con este fin, pero a día de hoy ningún ministerio se responsabiliza de llevarlo a cabo.

“Hay casos de personas afectadas incluso teniendo reconocido el derecho de asilo con motivo de su condición [ser LGTBI] y el peligro que comportaba seguir viviendo en el país de origen”, señala la pregunta. Entre ellas, está Dina El Omary, una mujer trans que huyó de Marruecos tras una vida marcada por la violencia a la que el Ministerio del Interior reconoció el estatus de refugiada precisamente por ello. “El Estado reconoce que tuve que huir de mi país por mi identidad, pero al mismo tiempo no la respeta ni me permite vivir plenamente.

Es doloroso y contradictorio”, decía en conversación con elDiario.es.

Organizaciones LGTBI como la Plataforma Trans fueron las primeras en dar la voz de alarma y registraron varias quejas al Defensor del Pueblo, que ha reclamado a Interior que ponga en marcha el reglamento. La realidad es que la situación está sometida a una enorme disparidad y hay quienes sí están logrando cambiar sus datos gracias al apoyo o asesoramiento de entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que denuncia que al no existir un procedimiento reglado, depende en muchos casos de la buena voluntad del funcionario de las oficinas.

Por ello, Sumar urge al Gobierno y le pregunta la razón por la que aún no se ha desarrollado el reglamento y si “tiene sobre la mesa” un calendario para su aprobación.

Además, le interroga sobre qué cartera es la responsable de hacerlo, ya que la legislación solo se refiere a la “autoridad competente” y todos los ministerios (Interior, Igualdad, Justicia, Exteriores y Política Territorial) derivan a otro al ser preguntados por elDiario.es.

Las preguntas de Sumar se añaden así a las que también ha registrado Podemos en los últimos meses. Precisamente en una respuesta parlamentaria remitida hace dos semanas al partido de Ione Belarra, Interior se limita a asegurar que ya “aplica” las previsiones contenidas en la ley.